La senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Christian Garcés, con el apoyo de varios miembros de la bancada del Centro Democrático y otros partidos, radicaron un proyecto de ley que busca eliminar la figura del porte especial de armas, adoptada durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Según explicaron los congresistas autores de la iniciativa, el efecto de la figura adoptada en el anterior Gobierno redujo las posibilidades de protección personal a miles de colombianos que venían beneficiándose del poder disuasorio de las armas amparadas por el Estado.
Sin embargo, el año pasado, el presidente Iván Duque prorrogó dicha prohibición por todo 2021, luego de identificar que la medida de Santos fue exitosa, de hecho, desde 2016 cada año esta prohibición ha sido prolongada.
"Los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos, no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales de difícil acceso (…) Con frecuencia vemos cómo, criminales dispuestos a todo, cobran vidas de inocentes y en todos los casos hubo un factor determinante: Las víctimas no tuvieron cómo defenderse", señaló la senadora Cabal.
Por su parte, el representante Garcés, insistió en que la intención no es armar a todos los colombianos, sino fortalecer el monopolio del Estado sobre las armas; fomentando el registro de las mismas, con un proceso de requisitos y tiempos claros para que las autoridades expidan permisos de tenencia y porte a la ciudadanía que opte por protegerse con un arma de corto alcance.
"Con la radicación de este proyecto le cumplimos a miles de colombianos que se vieron afectados por la medida de porte especial. De las cerca de 400.000 licencias que había en 2016 pasamos a 6.000; mientras más de 2,5 millones de armas ilegales circulan en el país y son usadas en la gran mayoría de los delitos que se cometen tanto en zonas urbanas como rurales", expresó el representante.
Agregó que, la idea es que el Gobierno no suspenda el porte masivamente, sino que se recupere el acceso que ya se tenía al porte legal, con los debidos requerimientos, y se consideren los casos de riesgo de manera individual.
"La restricción general al porte legal —vigente desde el año 2015—,no redujo la comisión de homicidios con arma de fuego en Colombia. Por el contrario, más del 70% de los homicidios siguen cometiéndose con proyectil ¡El problema siempre fueron las armas ilegales!", aseveró Garcés.
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Frente al argumento que usan algunos detractores del porte legal de armas al decir que esto provocaría el tomar la justicia por mano propia, la senadora Cabal ha señalado que es falso y que esta medida lo único que hace es reducir los efectos de una criminalidad “desbordada”.
Por ello, ha venido proponiendo que el Estado garantice que se cumplan los requisitos (que normalmente se trata de pruebas y estudios psicológicos) para adquirir el salvoconducto que permite el porte de un arma de fuego.
Este proyecto de ley tendrá que pasar por cuatro debates en el Congreso de la República antes de ser sancionado como ley.