Entre las iniciativas que tendrán trámite en el Congreso de la República en este nuevo periodo legislativo destaca la Renta Básica, un proyecto en el que se viene insistiendo desde el año pasado pero que no ha podido ser concertado. Por ello, hoy fue radicado un nuevo proyecto de ley de Renta Básica.
Aproximadamente 51 congresistas de diferentes partidos radicaron el nuevo proyecto de ley de Renta Básica, cuyo articulado fue concertado por aproximadamente 4.110 personas y 584 organizaciones, entre estas mujeres, legisladores, indígenas, abogados, afrodescendientes, representantes de organizaciones sociales, campesinos, sindicalistas, entre otros/as, en el marco de una cumbre social y política que se organizó para tal efecto.
El nuevo proyecto consta de 15 artículos, surge como una respuesta a la actual crisis social y económica que se presenta, como efecto de la pandemia por el Covid-19, que cumple ya uno año de decretada y tiene como propósito asegurar unas condiciones mínimas de vida dignas para todas aquellas personas en situación de pobreza y vulnerabilidad monetarias.
De acuerdo con cifras del DANE, a enero de 2021, un total de 233 mil hogares manifestaron consumir una o menos de una comida diaria, cifra que para enero de 2020 era de 34.601 hogares, lo que demuestra la urgencia de la implementación del proyecto de ley.
¿En qué consiste el nuevo proyecto de Renta Básica?
Las transferencias monetarias no condicionadas se harían de acuerdo a la composición de los hogares, y oscilaría desde $320.000 pesos al mes para un hogar de un miembro, hasta $470.000 para un hogar de cinco o más miembros.
Para 2021, la Renta Básica, permitiría a 7.46 millones de hogares, es decir, cerca de 30 millones de colombianos, vivir con un mínimo de dignidad en medio de la situación angustiosa por la que atraviesan.
Los autores de la Renta Básica, proponen que, este proyecto de ley se convierta en una política permanente de Estado, de interés nacional para la lucha contra la pobreza y la reducción de brechas de ingreso, focalizada en los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad monetarias.
Además, proponen que sea una transferencia monetaria con enfoque de género, es decir que se entregue a la mujer para su administración, en el caso de hogares con jefatura femenina, jefatura compartida u hogar biparental.
"Queremos que esa renta básica que es un derecho universal y no condicionado llegue a las mujeres colombianas, eso significaría que el 85% de los hogares en Colombia que tienen jefatura femenina o que tienen jefatura biparental, pero que las mujeres son quienes lo sostienen, tengan ese reconocimiento, que no es un sueldo por su trabajo sino un apoyo a una economía que cuando la manejan las mujeres es absolutamente potente y es un elemento fundamental para activar la economía", afirmó la representante a la Cámara, Ángela María Robledo.
Los hogares beneficiados serían identificados gracias a la base de datos que recopilaría el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con información del Registro Social de Hogares, el SISBEN, el último censo nacional de población y vivienda, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
"Esta es una respuesta para la reactivación económica, pero sobre todo está enfocada a la dignidad del pueblo colombiano que está pasando por un momento de sufrimiento enorme y el Estado tiene la obligación constitucional de responder y eso es lo que busca este proyecto", detalló el senador Iván Marulanda.
¿Cómo se financiaría?
Los autores del proyecto le sugieren al Gobierno Nacional que, dentro de las siguientes fuentes de financiación, se encuentran, parte del monto de recursos disponible del FOME, emisión de títulos del Gobierno Nacional que puede adquirir, al menos en parte en el mercado, el Banco de la República, reducción del costo del servicio de la deuda pública externa e interna para generar recursos presupuestales netos en 2021, y utilización de los recursos públicos hasta ahora dirigidos a los programas de transferencias monetarias que serían reemplazados por la renta básica, entre otros.
"El proyecto es posible y viable financieramente porque no afecta gravemente las finanzas de la Nación. De hecho es posible su aprobación ya que cuesta apenas 3,7% del PIB anual del país, mucho menos del 9% del PIB que destina Estados Unidos para su plan de rescate a su economía", dice el documento.
