Un médico de la planta de Medicina Legal cuestionó la información que ha divulgado el director de esa entidad, Carlos Valdez, frente al posible envenenamiento de uno de los testigos claves en el caso Odebrecht, Jorge Enrique Pizano.
Según Javier Oviedo, patólogo del Instituto de Medicina Legal y directivo del sindicato, la tecnología con la que cuenta la entidad no permite identificar si hay rastros de cianuro en un cuerpo que fue sumergido previamente en formol.
“Esa prueba no está validada, no se podía ni siquiera buscar rastros de cianuro en un cuerpo sumergido en formol, para eso se necesita una muestra del hígado o de la sangre”, dijo Oviedo en declaraciones a Noticias 1.
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Sin embargo, el director de la entidad, Carlos Valdez, respondió a través de un comunicado de prensa que “el Instituto cuenta con técnicas analíticas validadas para el análisis de cianuro. Este análisis se hace por cromatografía de gases con detector de masas. Esta técnica permite la separación y la posterior identificación de la sustancia con base en los fragmentos de masa, característicos para cada sustancia”.
Y agrega que “se realizaron los análisis en las muestras disponibles: humor vítreo y vísceras en formol. La metodología está validada para analizar fluidos biológicos (como sangre y contenido gástrico entre otros) y muestras no biológicas”.
Además, Valdez afirma que Oviedo es médico general sin especialidad en patología, toxicología o genética.
La historia previa
Jorge Enrique Pizano ejerció como auditor del contrato de la Ruta del Sol II, una concesión de Navelena y Odebrecht investigada por presuntas irregularidades fiscales. Pizano denunció en su momento múltiples irregularidades al entonces abogado de Navelena, Néstor Humberto Martínez. Sin embargo, cuando Martínez fue elegido como fiscal general de la Nación aseguró que no tenía información al respecto de irregularidades en el contrato.
Martínez, ya como fiscal, se declaró impedido para conocer tres de las líneas de investigación en el caso Odebrecht, las pesquisas fueron retomadas por la vicefiscal general, María Paulina Riveros, que tampoco pudo hacerse cargo de la investigación. Por eso el presidente de la República, Iván Duque, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una terna para elegir un fiscal ad hoc que esclarezca lo que pasó en el caso Odebrecht.
Tras la muerte de Jorge Enrique Pizano, Noticias Uno y el diario El Espectador publicaron conversaciones entre el entonces abogado Néstor Humberto Martínez y el auditor Jorge Enrique Pizano en donde, al parecer, Martínez se entera de las irregularidades y se compromete con hacérselas llegar al principal accionista de Navelena, Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Las circunstancias en las que murió Pizano aún no han sido esclarecidas completamente, pese a que el exauditor padecía de un cáncer, en su casa fue hallada una botella con restos de cianuro que cobró la vida de su hijo, Alejandro Pizano.
El cuerpo de Jorge Enrique Pizano fue analizado por Medicina Legal y esta entidad determinó que no había rastros de la sustancia tóxica en el cuerpo del excontrolador. Sin embargo, la versión conocida este domingo vuelve a abrir los interrogantes sobre la muerte de Pizano.
¿Esto afecta la imagen de la institución?
Rubén Sánchez, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, asegura que este episodio “no contribuye en nada en el fortalecimiento de las instituciones, porque lo que más nos amedrenta hoy en día es la desconfianza hacia lo público y hacia las instituciones”.
Para Carlos Arias, profesor de la Universidad Externado “se perdieron los validadores alrededor del caso, lo que queda en duda es la actuación y el rigor con el que el instituto puede llevar a cabo la investigación incluso en el caso de una Fiscalía ad Hoc”.
Por último, el penalista de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate, sostuvo que hay una falla estructural en el sistema colombiano pues “Medicina Legal hace parte de la Fiscalía, por lo que la opinión pública debería saber que cuando habla ese instituto está hablando también el organismo investigador”.
Y agrega que ambos, Medicina Legal y Fiscalía, hacen parte de la rama judicial, “pero Colombia tiene un sistema de Partes lo que implica que el instituto de Medicina Legal debe ser autónomo e independiente y no hacer parte de uno de los protagonistas del proceso”.
El abogado asegura que en muchas ocasiones Medicina Legal se apresura a salir a los medios a dar una versión que no coincide con la realidad investigada, “hay un afán del instituto por salir y figurar en los medios de comunicación y eso los lleva a tomar posturas que no se corresponden con lo que se termina diciendo en los procesos”.
