El Ministerio del Interior impartió una directriz que suspende hasta el 20 de agosto de 2026 algunas decisiones relacionadas con contratación, prórrogas contractuales y vinculación de personal. Durante ese periodo, determinadas actuaciones requerirán autorización previa del ministro Rodrigo Lara Restrepo.
La medida está contenida en la Circular Interna 4 de 2026, expedida el 7 de agosto y dirigida a viceministros, directivos, asesores, coordinadores y funcionarios con competencias en procesos de contratación y vinculación de personal dentro de la cartera.
Según el documento, la decisión busca garantizar principios de “transparencia, planeación, responsabilidad, coordinación administrativa y adecuada transición institucional”.
¿Qué decisiones quedan suspendidas?
La circular establece que “a partir de la fecha y hasta el día veinte (20) de agosto de 2026, será suspendida toda decisión relacionada con diferentes procesos administrativos y contractuales”.
Entre ellos se encuentra la celebración de nuevos contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, así como la suscripción de contratos que impliquen compromisos presupuestales para el Ministerio del Interior, sin importar su modalidad o naturaleza.
También quedan cobijadas las prórrogas, adiciones, modificaciones u otras actuaciones que impliquen extender, continuar o modificar contratos ya existentes.
La directriz incluye, además, la provisión de empleos, nombramientos, encargos, comisiones y otras formas de vinculación o designación de personal. En estos casos, el documento señala que deberán contar previamente con “la aprobación expresa del Ministro del Interior”.
Actuaciones necesitarán autorización previa
El Ministerio advirtió que, durante el periodo establecido, ninguna dependencia podrá avanzar unilateralmente en los procesos contemplados en la circular.
“En consecuencia, ningún funcionario o dependencia podrá adelantar, perfeccionar, formalizar o ejecutar contrataciones, prórrogas contractuales o decisiones de vinculación de personal dentro del período señalado sin contar con dicha autorización previa”, indica el documento.
No obstante, la directriz contempla excepciones para trámites considerados indispensables para garantizar la continuidad del servicio público, atender obligaciones legales, cumplir órdenes judiciales o responder a situaciones de urgencia manifiesta.
También podrán adelantarse aquellas actuaciones cuya suspensión pueda poner en riesgo el funcionamiento esencial de la entidad, aunque deberán ser informadas y sometidas a consideración del despacho del ministro.
Finalmente, la circular ordena a los funcionarios adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar su cumplimiento y llevar un registro consolidado de las solicitudes de autorización presentadas, incluidas aquellas relacionadas con prórrogas contractuales.
