Este jueves 24 de junio se llevó a cabo la primera jornada de socialización regional del Proyecto de Inversión Social, nombre que recibe la nueva reforma tributaria que está construyendo el Gobierno Nacional y que será presentada ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, reveló que la nueva propuesta constaría de no más de 35 artículos -la anterior tenía más de 150-, que no afecten a la clase media y que permitan responder por los programas sociales creados durante la pandemia para apoyar a los sectores más vulnerables.
"Estamos en la construcción de un proyecto que no deba tener más de 35 artículos porque debe ser un proyecto que haga su trámite en el Congreso de una manera muy sencilla", explicó.
La agenda inició con un encuentro con beneficiarios de programas como el Ingreso Solidario y el PAEF, quienes le manifestaron al ministro sus inquietudes sobre la continuidad de estas iniciativas, especialmente el del Subsidio a la Nómina, pues este culminó en marzo.
“Ha sido realmente enriquecedora esta primera jornada de consensos. Cuando uno escucha a los jóvenes, siente esa responsabilidad de apoyar esos sueños que han tenido que aplazar por las dificultades que tienen para acceder a educación y empleo y a eso es lo que debemos apuntarle con el proyecto de Inversión Social”, expresó Restrepo.
De igual forma, se reunió con empresarios y gremios locales, con quienes se discutió la necesidad de impulsar la reactivación, especialmente para las MiPymes, dándoles instrumentos que permitan ahorrarles costos e incentiven la contratación.
- Le puede interesar: Académicos, empresarios y políticos adhieren a la Coalición de la Esperanza
Un factor a resaltar de las conversaciones que se han adelantado entre el Ministerio de Hacienda y el gremio empresarial es que este sector está dispuesto a asumir una mayor carga tributaria, por ejemplo, por medio del desmonte de los beneficios que les fueron otorgados en la Ley de Financiamiento.
"Como sector empresarial estamos dispuestos a apoyar la iniciativa que requiere construir sostenibilidad fiscal y social. Acompañaremos un proyecto que no afecte a la población, ni la canasta familiar", sostuvo Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.
Por su parte, las empresas vinculadas a Probogotá expresaron su solidaridad al pueblo colombiano, y para financiar el gasto social que se requiere propusieron que el Congreso tramite con mensaje de urgencia un proyecto en el que asuman una importante carga tributaria.
Pese a que no se conoce con exactitud qué puntos de la reforma fallida de Alberto Carrasquilla serán descartados y cuáles se mantendrán en la nueva propuesta, Restrepo afirmó que se debe atender a los trabajadores informales, a las mujeres que perdieron su empleo, a los jóvenes que quieren educación superior y empleo, y también a las micro y pequeñas empresas que se han visto afectadas.
Se apuntaría a garantizar unas fuentes de ingresos no solamente temporales sino permanentes que garanticen una estabilidad de mediano plazo, con el fin de enviar un mensaje claro a los mercados en el sentido de que sí hay un nivel de deuda, pero que la capacidad de financiación del país no está riesgo.
Los programas sociales que fueron incluidos en la propuesta de reforma tributaria que fue retirada serían tenidos en cuenta para la que se construya con los diferentes partidos políticos y sectores económicos. Además, se mantendrían esas fuentes de recaudo que fueron aceptadas por el empresariado.
"No podemos por ningún motivo afectar o debilitar la clase media del país, por lo tanto, no se puede incrementar el IVA a ningún producto o servicio, no podemos cambiar las reglas de juego existentes en esa materia, y nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo", puntualizó.
Sobre la austeridad del Estado, uno de los puntos más cuestionados de la reforma que se hundió por precisamente no incluir propuestas en aras de disminuir los gastos del Estado, se incluirían artículos para congelar la masa salarial de los servidores públicos, para eliminar costos de transacción y de viáticos, y también para controlar temas de contratos de arrendamiento, porque hay muchas entidades que tienen arrendados lugares muy costosos.
