Juan Manuel Galán, hijo mayor de Luis Carlos Galán Sarmiento, pidió este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "medidas cautelares urgentes" para los candidatos del partido Nuevo Liberalismo a las elecciones locales y regionales del 29 de este mes que han sido amenazados.
El Nuevo Liberalismo indicó que Galán viajó a Washington, sede de la CIDH, en donde entregó un documento de 12 páginas que detalla "la grave situación de orden público que se vive en Colombia y la falta de garantías por parte del Estado colombiano para que la jornada electoral que se avecina tenga todas las garantías y se lleven a cabo de manera libre y transparente".
La solicitud pide protección para 27 candidatos de ese partido, especialmente para el aspirante a la alcaldía de Maicao, en el departamento caribeño de La Guajira, Miguel Felipe Aragón, quien asegura que ha recibido amenazas de muerte.
El 29 de octubre, Colombia celebrará elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados regionales en medio de tensiones por las denuncias de supuesta intervención en política del presidente Gustavo Petro.
Según Galán, "existe una evidente participación en política del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y otros funcionarios de la Presidencia al convocar marchas masivas en medio del debate electoral, conducta que favorece a los candidatos del Pacto Histórico", la coalición de Gobierno.
Por esa razón, Galán pide a la CIDH que "ordene a los funcionarios de la Rama Ejecutiva que se abstengan de hacer cualquier manifestación o publicación que favorezca al partido de gobierno y que se le prohíba al presidente Petro convocar marchas o movilizaciones por la vida, además de pedirle no seguir pronunciando discursos de odio que sigan poniendo en riesgo la vida de los candidatos".
Uno de los candidatos del Nuevo Liberalismo es Carlos Fernando Galán, hermano del director del partido, quien en las encuestas de intención de voto figura como favorito para ganar la Alcaldía de Bogotá.
Esta vez los comicios se desarrollarán en medio de un cese el fuego bilateral de 180 días pactado entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que entró en vigor el pasado 3 de agosto y que tiene la verificación de la ONU.
Adicionalmente, el Gobierno abrió el domingo con el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, una negociación de paz que también incluye un cese al fuego bilateral que regirá a partir del 16 de octubre y se extenderá hasta finales de año.
