El abogado y exmagistrado Jaime Arrubla Paucar, quien tumbó la inhabilidad de 12 años que la procuraduría le había impuesto al exalcalde Alonso Salazar, considera que Gustavo Petro ha dilapidado la opción que tiene en el Consejo de Estado para que le devuelvan sus derechos.
“Petro tiene cuatro meses para intentarla, aunque ha dicho que confía en otras opciones legales. Yo creo que el consejo no ha sido bueno porque mire, al doctor Salazar le funcionó”, comentó el expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
¿No son omnímodas la Procuraduría y la Contraloría?
No lo son, como cree la gente. El procurador está sometido al control del Consejo de Estado. Aquí el poder real es el del Consejo de Estado.
Con las funciones que le dio la Constitución a la Procuraduría tenemos un problema real con el Pacto de San José, porque no es extraño a nuestro sistema jurídico, en 1972 lo incorporamos. Dice que los funcionarios de elección popular solamente pueden ser inhabilitados por jueces y en proceso penal.
El procurador no es juez, es un funcionario administrativo. Entonces digamos que hay una contradicción entre la norma constitucional y su desarrollo de esta competencia del procurador, y el artículo 23 del Pacto de San José, la carta interamericana de los Derechos Humanos.
Nosotros estamos en la obligación de adaptar nuestra legislación interna a ese compromiso internacional. No lo hemos hecho. Me parece que lo que ha hecho el Consejo de Estado es una adaptación por la vía jurisprudencial. De todas maneras queda la adaptación por la vía legal y esto hay que afrontarlo. Ojalá ahora en la tan cacareada reforma a la justicia, si es que se llega a dar, hagamos eso, porque es un deber, y es un compromiso del país con el organismo internacional.
Lo cierto doctor Arrubla es que quienes son críticos del procurador lo ven a usted como un héroe nacional…
(Risas). No, yo creo que se ha hecho justicia, y se ha demostrado que el sistema colombiano funciona. Es lo más importante. Que el sistema es de pesos y contrapesos, y que el procurador General de la Nación tiene su control y tiene controles.
¿Esperaba la decisión a favor del exalcalde Alonso Salazar?
Confío en el Consejo de Estado, y –analizando el proceso- no encontraba que Alonso Salazar hubiera participado en política. Había muchas ambiguedades, creo que los alcaldes sí pueden participar en política, es que gobernar es un acto político desde que se levantan hasta que se acuestan.
Un alcalde está manejando los asuntos de su ciudad, y todo tiene una repercusión política. Lo que no puede hacer un alcalde es mala política, política partidista, torcer las elecciones, y lo que había hecho el alcalde Salazar distaba mucho de tener esa finalidad. Fue alertar sobre una posible situación irregular que se presentaba, y que podía tener razón o no, se podía equivocar o no eso era otro problema.
Pero de allí a desprender semejante sanción de 12 años de inhabilidad y de destitución era un despropósito. Lo más importante es que Alonso vuelve e estar en el partidor. Ya no pudo participar en estas justas que pasaron, ya el perjuicio se dio, pero puede participar en las que vienen, si es que le interesa ser gobernador, alcalde, o por lo menos disponer de total libertad. El problema es cuando a uno se la costriñen.
¿El caso de Alonso Salazar crea jurisprudencia?
Ya había habido. A la señora Leonor Serrano, que fue gobernadora de Cundinamarca, creo que le habían puesto una sanción que también se la revocó el Consejo de Estado. Pero creo que sí, sienta jurisprudencia.
Aquí se le está diciendo a todos los que se vean afectados por una decisión disciplinaria, vengan que el Consejo de Estado revisa, y no solamente tiene el poder constitucional de anular los actos del procurador sino que es quien los controla y es el órgano de cierre, porque de aquí en adelante ya no se puede intentar ninguna otra acción.
El Procurador Ordóñez dice que no hay que hacer tanto dramatismo…
Cada cual puede reaccionar como a bien tenga. El fallo le da muy duro a la Procuraduría, porque la desautoriza. Después de uno aplicar una sanción de 12 años de inhabilidad, pasar a una simple amonestación, eso realmente indica que quien aplicó la sanción se le fue la mano, se desproporcionó. Y el problema puede que no se quede así, hay que examinar si se va a continuar con el perjuicio, y el perjuicio es a la Nación. La gente directamente responsable debe responder por ese perjuicio.
¿Esperaba la decisión a favor del exalcalde Alonso Salazar?
Confío en el Consejo de Estado, y –analizando el proceso- no encontraba que Alonso Salazar hubiera participado en política. Había muchas ambiguedades, creo que los alcaldes sí pueden participar en política, es que gobernar es un acto político desde que se levantan hasta que se acuestan.
Un alcalde está manejando los asuntos de su ciudad, y todo tiene una repercusión política. Lo que no puede hacer un alcalde es mala política, política partidista, torcer las elecciones, y lo que había hecho el alcalde Salazar distaba mucho de tener esa finalidad. Fue alertar sobre una posible situación irregular que se presentaba, y que podía tener razón o no, se podía equivocar o no eso era otro problema.
Pero de allí a desprender semejante sanción de 12 años de inhabilidad y de destitución era un despropósito. Lo más importante es que Alonso vuelve e estar en el partidor. Ya no pudo participar en estas justas que pasaron, ya el perjuicio se dio, pero puede participar en las que vienen, si es que le interesa ser gobernador, alcalde, o por lo menos disponer de total libertad. El problema es cuando a uno se la costriñen.
¿El caso de Alonso Salazar crea jurisprudencia?
Ya había habido. A la señora Leonor Serrano, que fue gobernadora de Cundinamarca, creo que le habían puesto una sanción que también se la revocó el Consejo de Estado. Pero creo que sí, sienta jurisprudencia.
Aquí se le está diciendo a todos los que se vean afectados por una decisión disciplinaria, vengan que el Consejo de Estado revisa, y no solamente tiene el poder constitucional de anular los actos del procurador sino que es quien los controla y es el órgano de cierre, porque de aquí en adelante ya no se puede intentar ninguna otra acción.
El Procurador Ordóñez dice que no hay que hacer tanto dramatismo…
Cada cual puede reaccionar como a bien tenga. El fallo le da muy duro a la Procuraduría, porque la desautoriza. Después de uno aplicar una sanción de 12 años de inhabilidad, pasar a una simple amonestación, eso realmente indica que quien aplicó la sanción se le fue la mano, se desproporcionó. Y el problema puede que no se quede así, hay que examinar si se va a continuar con el perjuicio, y el perjuicio es a la Nación. La gente directamente responsable debe responder por ese perjuicio.
