La Corte Constitucional le dio la razón al presidente Gustavo Petro en una tutela que interpuso contra una decisión del Consejo de Estado. El caso tiene que ver con las investigaciones por posibles irregularidades en la financiación de las campañas de la Coalición Pacto Histórico en 2022, cuando Petro fue candidato a la Presidencia.
Con la sentencia SU-275 de 2025, la Corte protegió el derecho al debido proceso del mandatario y determinó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene competencia para investigarlo a él directamente por estos hechos. En cambio, aclaró que la autoridad encargada de investigar al Presidente de la República es la Cámara de Representantes, por tratarse de un alto funcionario con fuero especial.
Además, la Corte dejó sin efectos una decisión previa del Consejo de Estado que había asignado la competencia al CNE. Ahora, este organismo deberá enviar a la Cámara, en un plazo de cinco días hábiles, todas las actuaciones que haya adelantado sobre el tema, para que esta última continúe con la investigación de acuerdo con la ley.
El fallo también hace un llamado al Congreso para que legisle y defina con claridad qué entidad debe resolver los conflictos entre instituciones del Estado cuando hay dudas sobre quién tiene la competencia para investigar. Esto, con el fin de proteger los derechos fundamentales y la estabilidad institucional.
Varios magistrados salvaron su voto, es decir, no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria. Otros aclararon su postura. Sin embargo, la sentencia ya está en firme y sienta un precedente importante sobre el alcance del fuero presidencial y los límites de las entidades electorales.
