La investigación por la muerte de Ana Lucía González Mendoza, la niña venezolana de nueve años que había sido reportada como desaparecida en Mosquera, Cundinamarca, y posteriormente fue encontrada sin vida en el sur de Bogotá, avanzó con la imputación de cargos contra Shenner José Rojas Lárez, de 29 años.
Durante la audiencia realizada la noche del 17 de septiembre, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario mientras continúa el proceso penal.
Así reconstruyó la Fiscalía el caso de Ana Lucía González
De acuerdo con la reconstrucción presentada ante el juez, los hechos comenzaron el 14 de septiembre en un apartamento de Mosquera, donde Rojas Lárez habría sostenido una discusión con su pareja, hermana mayor de Ana Lucía. Según la investigación, durante el altercado el hombre habría causado daños en la vivienda y la mujer salió del lugar para solicitar ayuda de la Policía.
La Fiscalía sostiene que el señalado habría aprovechado ese momento para salir con Ana Lucía en una motocicleta. Las cámaras de seguridad permitieron seguir parte del trayecto desde Mosquera, por el corredor de la calle 13 y posteriormente hacia Fontibón, en Bogotá.
Según la versión expuesta por el ente acusador durante la audiencia, la niña habría sido llevada hasta un inmueble en Fontibón el 14 de septiembre. Al día siguiente, entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana, el procesado presuntamente regresó por ella y la trasladó hasta el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar.
La Fiscalía señala que fue allí donde presuntamente le causó la muerte. El cuerpo de Ana Lucía fue encontrado posteriormente en una estructura de alcantarillado del sector. Los reportes conocidos del dictamen de Medicina Legal señalan la asfixia como causa de la muerte.
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Hermana de Ana Lucía González habló de violencia previa
La hermana mayor de Ana Lucía, en una entrevista con El Tiempo, también entregó detalles sobre la relación que mantenía con el hombre ahora procesado. En declaraciones a medios de comunicación aseguró que existían episodios de violencia psicológica y una situación de dependencia económica que, según su relato, dificultaba que pudiera alejarse de la relación y buscar ayuda.
Además, explicó que un casco de motocicleta que ella utilizaba habría sido una de las pistas que permitió relacionar al señalado con las imágenes de las cámaras de seguridad registradas durante la desaparición de la niña.
Tras la judicialización, la familiar pidió que el caso no quede impune. “Ella no merecía esto”, expresó al recordar a su hermana y solicitar que las autoridades esclarezcan completamente lo ocurrido.
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Tío de Ana Lucía reveló presuntas amenazas contra la familia
Rafael González, tío de Ana Lucía, también relató en entrevista con El Tiempo que antes de los hechos el hombre habría realizado amenazas contra su pareja si ella decidía terminar la relación.
Según el familiar, el señalado le habría advertido: “Si tú me dejas, yo acabo con tu familia”. Esta declaración hace parte del testimonio entregado por los familiares y deberá ser contrastada dentro de la investigación judicial.
El tío también aseguró que la familia había conocido previamente un presunto comportamiento inapropiado del hombre hacia Ana Lucía. Ese antecedente cobra relevancia después de que la Fiscalía formulara cargos relacionados con conductas sexuales contra la menor, aunque será el proceso judicial el que determine la responsabilidad del imputado sobre esos hechos.
Caso Ana Lucía González: ¿qué sigue en el proceso?
Con la legalización de la captura, la imputación de cargos y la medida de aseguramiento en centro carcelario, Rojas Lárez permanecerá privado de la libertad mientras la Fiscalía continúa recaudando y presentando elementos dentro del proceso.
La investigación deberá terminar de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como contrastar las declaraciones de los familiares, los registros de videovigilancia, los análisis forenses y demás pruebas obtenidas por el CTI.
Por ahora, el procesado no ha aceptado los cargos y no existe una sentencia en su contra. Su eventual responsabilidad deberá ser definida por un juez en las siguientes etapas del proceso penal.
