El movimiento colombiano Defendamos la Paz (DLP) envió una carta a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), la expresideta de Chile Michelle Bachelet, en la que expresó su preocupación por los ataques y presiones en contra los magistrados de las altas cortes. Por esta razón, piden protección para los funcionarios.
En la misiva los defensores de la implementación del Acuerdo manifestaron su rechazo por "los sucesivos acontecimientos en contra las magistradas y los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)".
El documento denuncia todos los hechos que se han presentado en su contra, como las ya confirmadas chuzadas, amenazas de muerte, campañas de difamación y, en los últimos días, la anulación de sus visas.
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"Nos preocupa que la amenaza de retiro o el retiro de las visas a magistrados sea una medida de carácter coercitivo o punitivo ad portas de sentencias de importancia para las relaciones bilaterales", expresaron.
Los defensores de la implementación del Acuerdo calificaron estos hechos como "una ofensiva sin precedentes contra la autonomía del poder judicial, los fundamentos del Estado de derecho y la democracia".
Según el movimiento, existe una campaña de difamación y presiones contra las cortes y la JEP que estaría marcada "por la circunstancia de que en la actualidad los magistrados están tomando decisiones sobre asuntos esenciales para la Nación".
Aseguraron que las magistraturas "han cumplido una labor vital para la implementación del Acuerdo
de Paz desde el ámbito de su competencia jurisdiccional", por esa razón su autonomía e independencia "es hoy un asunto que atañe a la protección de la democracia y a la construcción de un futuro de paz para Colombia".
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Por lo tanto, solicitaron a la Alta Comisionada que "verifique estos graves hechos, se pronuncie sobre los
mismos lo antes posible y en los informes que deba presentar ante los órganos del sistema de las Naciones Unidas, solicite que se tomen en forma inmediata medidas de protección para los magistrados".
Además, pidieron que "los órganos competentes investiguen con eficacia las amenazas, interceptaciones y hostigamientos, así como establezca una observación constante sobre la evolución de esta situación".
