El Congreso de la República continúa con la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, que es la hoja de ruta con la que el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Petro busca adelantar todas sus iniciativas y programas durante sus 4 años de mandato.
El proyecto, cuya discusión avanza de manera simultánea tanto en Cámara como en Senado, ha cercenado varios aspectos del PND entre ellos los polémicos “superpoderes” del presidente Petro con los que podría tomar algunas decisiones sin revisión en el Congreso.
Algunas de las facultades extraordinarias estaban incluidas en el artículo 329 que daba paso a la creación de una entidad ambiental bajo la jurisdicción del Ministerio de Ambiente. Con dicho artículo Petro podría tomar decisiones durante 6 meses saltando al Congreso aunque sólo respecto a leyes ordinarias. Tanto leyes estatutarias como determinaciones que generen nuevos aranceles no estarían cobijadas bajo esta figura.
Respecto al artículo número 8 que permitía recoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no hubo consenso. Mientras que en el Senado de la República se hundió durante la plenaria del 2 de mayo, en la Cámara de Representantes revivió en las últimas horas. Así las cosas, será el próximo 5 de mayo cuando en conciliación se determine a cabalidad sus alcances e implicaciones.
Por su parte la senadora Paloma Valencia ha levantado las alertas por un presunto ‘mico’ al interior del PND con el que se generaría un sobrecosto a algunos bienes en el marco del impuesto predial. Se trata del artículo 43 con el que el “Instituto Geográfico Agustín Codazzi adoptará metodologías y modelos de actualización masiva de valores catastrales rezagados, que permitan por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país”.
Una iniciativa que según Valencia, tal y como lo prometió el presidente Petro en campaña, encarecería la tenencia de tierra improductiva con el fin de motivar a su venta y así avanzar en la reforma agraria.
“Viene una actualización automática de los catastros, y por lo tanto, de los impuestos prediales. Y no quisieron incluir el debido proceso y el derecho a contradicción que deben tener los ciudadanos”, refirió Valencia.
