Una nueva controversia sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro tras la difusión de imágenes que muestran a varios influenciadores viajando a Barranquilla en un avión oficial de la Policía Nacional.
El viaje tuvo como destino un acto masivo en respaldo al mandatario, generando críticas por el presunto uso indebido de recursos estatales con fines políticos.
La polémica se desató luego de que el exembajador Moisés Ninco Daza publicara en su cuenta de X (antes Twitter) una foto en la que aparecía junto a un grupo de creadores de contenido abordando la aeronave oficial. La imagen fue tomada poco antes de un evento organizado en el Paseo Bolívar de Barranquilla, en el que participaron comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes y organizaciones campesinas que respaldan las reformas del gobierno Petro.
Las críticas no tardaron en llegar. Figuras del periodismo y usuarios de redes sociales cuestionaron el uso de un avión institucional, normalmente reservado para misiones oficiales o el transporte de altos funcionarios, para movilizar a ciudadanos que no ejercen cargos públicos y que han mostrado simpatía con el gobierno.
Una de las voces más críticas fue la de la periodista Luz María Sierra, quien escribió: “¡Qué tal esto! El gobierno Petro quemó todas sus naves para el evento de Barranquilla. ¿Uso de recursos públicos?”. La publicación provocó una respuesta inmediata del presidente Petro, quien defendió el viaje: “Hermana Luz María Sierra, periodista, nosotros no llevamos en las aeronaves oficiales, traquetos, sino periodistas. A los primeros no le causó a usted extrañeza, a los segundos sí”.
Según reveló la revista Semana, la Policía Nacional confirmó la realización del vuelo y aclaró que fue posible gracias a un convenio interadministrativo con el Ministerio del Interior. Sin embargo, la falta de claridad sobre los términos de dicho acuerdo ha alimentado la controversia, especialmente porque el evento en Barranquilla fue interpretado por muchos como una demostración política tras el revés legislativo que sufrió el Ejecutivo en el Senado.
La discusión se ha centrado en la legalidad y pertinencia del uso de medios estatales para actividades que, aunque no se promovieron como campañas electorales, sí tienen una fuerte carga proselitista. Expertos y analistas han advertido que este tipo de acciones podrían constituir una violación al principio de neutralidad institucional, ya que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a fines de interés general y no pueden emplearse para fortalecer imágenes personales o políticas.
La presencia de influenciadores en el acto también ha generado interrogantes sobre el rol de estas figuras en la comunicación del gobierno y si su participación en eventos de esta naturaleza debería estar sujeta a algún tipo de regulación o control, sobre todo si se utilizan fondos y medios oficiales para su movilización.
Hasta el momento, no se han anunciado investigaciones formales ni pronunciamientos de organismos de control que aclaren si el uso del avión de la Policía se ajustó a los procedimientos legales establecidos. Tampoco se ha detallado si se evaluaron los costos asociados al vuelo ni si se consideró la idoneidad de transportar a personas ajenas a la función pública en una aeronave del Estado.
El hecho se suma a una serie de controversias que han acompañado las movilizaciones sociales organizadas por el gobierno tras la negativa del Congreso a respaldar iniciativas como la consulta popular propuesta por Petro.
