El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ha reavivado la controversia sobre la venta de las acciones de TIGO UNE en EPM (Empresas Públicas de Medellín) con una nueva denuncia que implica una presunta pérdida de 1.4 billones de pesos. Según Quintero Calle, este monto refleja una diferencia significativa entre la valoración actual y la estimación previa de la participación en la empresa.
En una declaración reciente, Quintero Calle anunció que ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. El exalcalde cuestionó el proceso de privatización de EPM, argumentando que el valor actual de las acciones, que se ubica en 1.6 billones de pesos, contrasta marcadamente con la valoración de 3 billones de pesos más 600 mil millones de pesos en capitalización que se realizó hace menos de un año.
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“Quiero contarles que el día de hoy interpuse una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la pérdida de más de un billón 400 mil millones de pesos en el proceso de privatización de EPM,” dijo Quintero Calle. “La pregunta es ¿dónde está la plata?”, cuestionó el exalcalde, quien amplió su denuncia a concejales y exconcejales involucrados en procesos previos de 2022 y 2023 que, según él, no prosperaron.
La denuncia del político se basa en una comparación entre los precios de las acciones evaluados en 2022 y los precios en libro actuales de 2024. Sin embargo, la Alcaldía de Medellín ha respondido señalando que el precio de venta aún no ha sido determinado. Según la administración actual, se establecerá en 2025, cuando se inicie un proceso de negociación con Millicom u otra empresa interesada en adquirir la participación de EPM.
Además de la discrepancia en la valoración de las acciones, Daniel Quintero plantea preguntas sobre la relación del actual alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga con los directivos de EPM y ha sugerido que la hermana del alcalde ha sido contratada por una de las empresas vinculadas a Millicom.
La denuncia de Quintero Calle se enmarca en un contexto de volatilidad en el mercado y cambios en la valoración de las empresas, lo que ha generado pérdidas en la última década. La situación ha intensificado el debate sobre la privatización de EPM y el manejo de los recursos de la empresa pública.
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Este nuevo episodio en la disputa sobre la privatización de EPM ha reabierto las interrogantes sobre la transparencia del proceso y la gestión de los activos públicos, mientras la comunidad y las autoridades continúan vigilando el desarrollo de la situación.
