La Procuraduría General de la Nación ha extendido la suspensión provisional del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por un período adicional de tres meses. Esta medida se toma en el contexto de presuntas irregularidades durante el proceso de licitación de pasaportes, que ha generado una profunda preocupación en el ámbito gubernamental y la opinión pública.
Leyva Durán había sido suspendido inicialmente el pasado 24 de enero por el mismo periodo de tiempo, tras ser acusado de cometer dos faltas disciplinarias calificadas provisionalmente como gravísimas. La primera de ellas se relaciona con la declaración de desierta de la licitación 001 de 2023 sin los debidos fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, lo que podría haber contravenido los principios que rigen la contratación estatal. La segunda falta se refiere a la declaración de urgencia manifiesta sin causales suficientes para adoptar tal determinación.
La prórroga de la suspensión se basa en la evaluación de la Procuraduría, que considera que las condiciones que llevaron a la primera medida aún persisten. Existe el temor de que, de permitirse el retorno de Leyva Durán a su cargo, pueda reincidir en las mismas prácticas que generaron la suspensión, afectando así la integridad del actual proceso licitatorio en curso.
Además, la Procuraduría ha argumentado que la reincorporación del ministro podría tener consecuencias negativas en el proceso disciplinario en curso, dada su autoridad sobre los servidores públicos que han sido citados como testigos en el caso.
Hasta el momento, no se han presentado pruebas que desvirtúen los fundamentos de la suspensión provisional. Por lo tanto, se ha confirmado que la medida se extenderá hasta el próximo 24 de julio de 2024, fecha en la que se espera una conclusión definitiva sobre el caso.
En medio de este escenario, queda aún por determinar el desenlace final de este caso y las posibles implicaciones que podría tener en el ámbito político y administrativo. La sociedad espera con atención el desarrollo de los acontecimientos y la garantía de que se haga justicia en este asunto de relevancia nacional.
