A partir de este martes las Comisiones Primeras de Cámara y Senado sesionarán conjuntamente en el Capitolio los puntos 5 y 6 de la Consulta Anticorrupción. Serán 60 los congresistas quienes decidan aprobar si los parlamentarios deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Además, si deben hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio.
Según la Registraduría General de la Nación el punto 5 que obligaba a congresistas a rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión obtuvo 11.510.899. Asimismo, el punto 6 que le quitaría los bienes a políticos corruptos y sus testaferros recogió 11.495.697 votos. En total la Consulta reunió 11.674.951 votos. Cabe mencionar que estos dos proyectos tienen radicados mensajes de urgencia, es decir, se acelera y se le da prioridad a estos proyectos para que sean aprobados.
Punto 5
El mandato por medio de la cual se establecen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas menciona que esto se realizará por medio de informes públicos de gestión y la realización de audiencias públicas con la ciudadanía de manera anual y en las fechas y términos que se definan cuando se apruebe el proyecto.
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Además, la Dirección Administrativa y la Mesa Directiva del Congreso deberá poner a disposición esta información a disposición de la ciudadanía. Asimismo, estos datos tendrán que ser actualizados constantemente.
Punto 6
Este punto tiene el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y control social mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y conflicto de interés de los funcionarios públicos electos mediante voto, y ampliar la extinción de dominio. Cabe mencionar que esto también se hará extensivo al cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del segundo grado de consaguinidad.
El registro tendrá las actividades económicas del congresista, incluyendo su participación directa o indirecta. De igual forma cualquier vinculación en cargos o empleos públicos el año anterior.
