Durante la plenaria del Senado de la República del 19 de mayo se buscó la conciliación para aprobar el proyecto de Ley de Anticorrupción. Sin embargo, un error entre los conciliadores y el tiempo que quedaba para cerrar la sesión no jugaron a favor de la iniciativa y fue desaprobado.
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Según
Germán Varón, quién era el conciliador del proyecto designado por la Mesa Directiva, le informaron que el no iba a cumplir esa función y que en su lugar estaría el senador por el Partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo.
La sorpresa fue que a cinco minutos de cerrar la sesión ambos cayeron en la cuenta que Vallejo iba a conciliar por otro proyecto y que el senador por el Partido Cambio Radical en realidad, sí era el que debía hacer la conciliación para la Ley de Anticorrupción.
https://twitter.com/arturobando/status/1141672905165721601
Al respecto, Vallejo mencionó que cuando iba a comenzar el proceso de conciliación a él lo afanó la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para que se presentara ante la Mesa Directiva. La situación es que, supuestamente, ambos estaban hablando de otro proyecto de ley.
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Sobre la desaprobación de la Ley Anticorrupción se ha obtenido otras reacciones a través de redes sociales, en las que cuestionan la ausencia en la votación de quiénes promovieron el proyecto, la falta de claridad con la definición del conciliador y la excusa del partido entre Colombia y Catar para no prolongar la sesión. Una de ellas fue la senadora Paola Holguín.
https://twitter.com/PaolaHolguin/status/1141430272656859137
https://twitter.com/fernandoposada_/status/1141496919572865025
Sobre el resultado de este proceso, el representante a la Cámara por el
Centro Democrático, Edward Rodríguez, mencionó que le pedirá al presidente Iván Duque sesiones extraordinarias para poder aprobar el proyecto.
Otros le dan la responsabilidad al miembro de la Mesa Directiva,
Alejandro Chacón, por la confusión entre Varón y Vallejo.
Algunos senadores mencionaron que en la Ley Anticorrupción se estaba repitiendo la directriz de la Ley 1944 de 2018 que prohíbe la casa por cárcel para los funcionarios que enfrentan delitos como enriquecimiento ilícito, irregularidades en la contratación pública, entre otros.
Además, en el proyecto hundido por el Senado, se hablaba de la posibilidad de inhabilitar a las personas naturales acusadas de corrupción y que tuvieran algún contrato con el Estado. E inhabilitar a los funcionarios que tuvieran una relación jurídica con dichas personas durante la campaña electoral.
