Con el calendario de las elecciones de 2026 en marcha, vuelve un término que suele aparecer en alcaldías, gobernaciones y ministerios la Ley de Garantías. En la práctica es un conjunto de reglas que recorta el margen de maniobra del Estado en plena campaña, para reducir el riesgo de que contratos, cargos o convenios se usen para inclinar la contienda.
¿Qué es la Ley de Garantías?
La Ley 996 de 2005 fija reglas para el periodo electoral, especialmente en la elección presidencial. Su objetivo es proteger la igualdad de condiciones entre candidaturas y poner límites a decisiones públicas que pueden convertirse en ventaja política.
¿Qué se restringe en campaña?
El punto que más se siente es la contratación directa. La restricción no significa que el Estado “se apague”, pero sí obliga a planear mejor, justificar excepciones y evitar movimientos apresurados que luego terminan en cuestionamientos.
En el nivel territorial hay un freno adicional que suele mover cronogramas la limitación para celebrar convenios interadministrativos. Muchos proyectos locales se ejecutan con convenios entre entidades públicas, así que cuando se cierra esa puerta, el efecto inmediato es práctico: se acelera antes de la fecha o se aplaza para después.
También hay límites en nómina y movimientos de personal. La idea es simple evitar que los cargos, vinculaciones o cambios de planta se vuelvan moneda política en época electoral.
Las fechas que activan los relojes en 2026
La Registraduría fijó dos hitos del calendario: Congreso el 8 de marzo de 2026 y Presidencia el 31 de mayo de 2026.
Con esas fechas, Colombia Compra Eficiente precisó dos momentos clave: la restricción de convenios interadministrativos para entidades territoriales inicia el 8 de noviembre de 2025, y la restricción general de contratación directa para todas las entidades estatales arranca el 31 de enero de 2026. Ambas se mantienen hasta el 31 de mayo o hasta el 21 de junio si hay segunda vuelta.
- Le puede interesar: Multicampus universitario de Suba será realidad: acuerdo Distrito-Nación
¿Qué cambia en la práctica?
Para las entidades, el mensaje es de gestión planear compras y proyectos con tiempo, dejar trazabilidad y no depender de atajos. Para contratistas y operadores, el ambiente se vuelve más exigente, se revisan cronogramas, se miden riesgos y cualquier decisión sensible se mira con lupa.
La Ley de Garantías, al final, no es un detalle jurídico. En 2026 va a ordenar la administración pública por calendario y va a obligar a que lo urgente no termine compitiendo con lo electoral.
