La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a Juan Pablo Ramírez, exfuncionario de la alcaldía de Daniel Quintero y una de las fichas más cercanas a su administración, por su presunta participación en presiones indebidas a personal de la Secretaría de Inclusión Social para que realizaran aportes económicos al movimiento político Independientes. La sanción incluye su destitución y una inhabilidad de 14 años para ocupar cargos públicos.
El fallo, proferido en primera instancia por la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, también cobija a otros dos exfuncionarios de esa administración: Juan Daniel Pulgarín, exsubsecretario de Grupos Poblacionales, y Fredy Alonso Agudelo, exsubsecretario de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios. Ambos fueron sancionados con destitución e inhabilidad por 12 años.
Las denuncias que encendieron la alerta
El caso tomó notoriedad a raíz de la denuncia que presentó en 2021 María del Pilar Rodríguez, exdirectora de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión. Rodríguez afirmó que el 8 de agosto de ese año fue convocada a una reunión en un apartamento en El Poblado, a la que asistieron otros directivos, bajo el pretexto de un almuerzo. Allí, según su relato, les solicitaron entregar sus celulares antes de empezar la reunión, dejándolos incomunicados.
Rodríguez aseguró que en ese encuentro se les pidió hacer aportes económicos al movimiento Independientes, fundado por Quintero, mediante consignaciones a una cuenta bancaria a nombre de la corporación “El futuro se parece a nosotros”. Según la exfuncionaria, los montos solicitados variaban entre $20.000 y $200.000 dependiendo del contrato de cada asistente, y se les invitó a afiliarse a la corporación para hacer parte activa del proyecto político.
“Fue una presión indebida para conservar el trabajo”, declaró Rodríguez, quien renunció al cargo casi dos meses después del hecho. La denuncia fue acompañada de pruebas documentales como mensajes de WhatsApp, audios y una carta de afiliación a la ONG con la cuenta de consignación escrita a mano.
Nuevas pruebas reactivaron el caso
En mayo de 2024, el caso volvió a tomar fuerza tras la publicación de nuevos audios por parte de la abogada Gloria Jaramillo. En estos se escuchan conversaciones entre Rodríguez y Pulgarín que, según la denunciante, dan cuenta de nuevas presiones posteriores a la reunión del 8 de agosto. Estas pruebas habrían reforzado el expediente de la Procuraduría.
El Ministerio Público le imputó a Ramírez dos cargos disciplinarios: “Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista”, y “ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante”. Ambos fueron calificados como faltas cometidas con dolo.
Pulgarín y Agudelo, por su parte, fueron hallados responsables del segundo cargo, es decir, del uso indebido de sus funciones.
Defensa rechazada y apelación en camino
Durante el proceso, los tres sancionados negaron haber cometido las conductas señaladas. Sin embargo, la Procuraduría consideró que las pruebas recabadas —incluidos testimonios de otros exfuncionarios— fueron suficientes para declarar su responsabilidad.
El fallo también desestimó la solicitud del abogado de Juan Pablo Ramírez para que se investigara penal y disciplinariamente a María del Pilar Rodríguez. Igualmente, fue negada la petición para que la apoderada de Daniel Quintero fuera reconocida como parte del proceso, debido a que el exalcalde no es sujeto procesal en esta actuación.
Este fallo es de primera instancia y puede ser apelado ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría. Mientras tanto, la sanción representa un golpe reputacional y político para el círculo más cercano de la administración de Quintero, que sigue siendo observado con lupa por otros procesos en curso.
