Esta semana será decisiva para el futuro de la reforma laboral en Colombia. Mientras la Comisión Cuarta del Senado presenta oficialmente su ponencia positiva con ajustes significativos, el Gobierno del presidente Gustavo Petro lanza una carta paralela: una ponencia alternativa respaldada por la senadora del Pacto Histórico, Aída Avella, que busca mantener intacto el espíritu del texto original.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la radicación de la nueva propuesta a través de sus redes sociales: “La ponencia recoge las preguntas de la consulta popular y el articulado que fue aprobado en la Cámara de Representantes”, indicó. La decisión, sin embargo, pone de relieve las tensiones dentro del Congreso y al interior del propio bloque de Gobierno.
¿Qué propone la ponencia alternativa?
Aunque aún no se conoce el documento completo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantó algunos de sus puntos centrales:
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Pago de horas extras desde las 6:00 p.m.
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Recargo del 100% por trabajo dominical y festivo
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Jornada laboral de 8 horas diarias
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Apoyo a microempresarios mediante créditos blandos, reducción de impuestos y disminución de costos energéticos.
Estas medidas apuntan a recuperar derechos laborales históricamente recortados, en línea con las promesas del Gobierno del Cambio.
¿Por qué una ponencia alternativa?
El ministro Sanguino fue enfático en señalar que la ponencia mayoritaria de la Comisión IV fue “peluqueada”, término con el que aludió a la eliminación de disposiciones claves como las licencias para mujeres con ciclos menstruales incapacitantes y mejoras en los contratos de los aprendices del SENA.
“El texto que salió de la Cámara fue transformado. No tendrá el respaldo del Ministerio del Trabajo”, afirmó durante un evento en Medellín con sindicatos y organizaciones de trabajadores. El acto fue considerado el primer cabildo abierto en respaldo a la Consulta Popular, que el Gobierno impulsa para refrendar su reforma laboral.
Un Congreso dividido
Aunque la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión IV, aseguró que el Senado está comprometido con una “reforma laboral justa”, lo cierto es que hay una fragmentación evidente entre los bloques legislativos. Mientras un sector del Congreso avanza con una versión más moderada, la bancada de gobierno y los sindicatos alertan sobre un intento de desnaturalizar la reforma.
La división también se traslada a los gremios económicos, como la Andi, Asobancaria y los representantes de plataformas digitales, quienes han manifestado su desacuerdo con la propuesta original por considerar que impone barreras al crecimiento empresarial y fomenta la informalidad.
Las críticas del sector empresarial
Desde el tanque de pensamiento ICP se cuestiona la viabilidad de la reforma en cualquiera de sus versiones. Aseguran que tanto la ponencia mayoritaria como la alternativa ignoran las causas estructurales de la informalidad laboral, que afecta a más del 56% de los trabajadores colombianos.
El ICP advierte que la rigidez en el mercado laboral, los altos costos de contratación y la falta de flexibilidad contractual están perjudicando especialmente a las micro y pequeñas empresas, que concentran la mayoría del empleo informal. En su lugar, proponen incentivos como el jornal agropecuario y medidas de simplificación tributaria y laboral.
El Gobierno no descarta acudir a una consulta popular para validar su propuesta ante la ciudadanía, en caso de que el Congreso siga desfigurando el proyecto. De hecho, las centrales obreras ya han convocado un paro nacional para los días 28 y 29 de mayo, con el fin de presionar al Legislativo y defender lo que consideran una “reforma digna”.
Entre apoyos, críticas y divisiones, la reforma laboral de Petro enfrenta una encrucijada. Si bien el Ejecutivo apuesta por mantener su proyecto original, la realidad política del Congreso podría obligarlo a negociar o a tomar una ruta directa hacia las urnas.
Por ahora, todas las miradas están puestas en el texto final de la ponencia alternativa, que definirá si hay espacio para una concertación real o si se profundiza el conflicto político y social en torno al mundo del trabajo en Colombia.
