La tensión política en Colombia ha seguido en alza, debido a la decisión de la Registraduría de no continuar con el proceso de la consulta popular. Algo que no cayó bien en el presidente Gustavo Petro, quien criticó la decisión.
La negativa del registrador Hernán Penagos para dejar en manos del Consejo de Estado la decisión de avalar la consulta, dio como resultado el rechazo contundente e inmediato por parte del Gobierno Nacional.
Inicialmente, el mandatario calificó al funcionario de tener una parcialidad y justo después, en el consejo de ministros prosiguió indicando que “es una situación de sedición contra el presidente de la República”.
Las acusaciones tampoco sentaron bien en Penagos, quien por medio de una entrevista que brindó al medio Cambio, mostró la preocupación que le generan los comentarios del presidente, asegurando que su trabajo siempre ha estado correlacionado a las leyes y la Constitución.
También explicó que la controversia jurídica debido al debate en torno al decreto de la consulta popular pone en riesgo la supremacía constitucional y el principio de separación de poderes que rige en el país.
De paso, advirtió que Colombia se está enfrentando a una ruptura institucional sin antecedentes recientes y que resultaría irresponsable tomar decisiones irreversibles hasta que los jueces se pronuncien sobre el fondo del asunto que hoy sigue dividiendo a Colombia.
En palabras del registrador nacional: “Es una apreciación que inquieta, porque siempre he buscado cumplir con mi deber en el servicio público. No hago nada diferente a lo que deberían pedir todas las autoridades en Colombia: que los jueces resuelvan un debate tan grande como el que estamos viviendo. Yo cumplo con la Constitución”, dijo al medio citado.
Según los comentarios del funcionario, existen más de cuarenta acciones de nulidad, once demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y al menos, 98 tutelas en el Consejo de Estado que se relacionan a la consulta popular.
Este volumen de demandas evidencia la magnitud de los conflictos y confrontaciones que se han generado a raíz de la decisión del presidente Gustavo Petro de decretar la consulta aunque el Senado dijo que no tenía viabilidad. Hay que recordar que desde el oficialismo indican que hubo un presunto “fraude” al momento de llevar a cabo la votación para dar el aval a dicho proyecto.
“Cuando en una nación democrática se presentan debates y litigios de esta naturaleza, lo más responsable es pedir a los jueces, a las cortes, que tomen una decisión de fondo. Eso es lo correcto. Hoy cursa en el Consejo de Estado un número muy importante de acciones de nulidad”, comentó el registrador.
De esta manera también puso sobre la mesa la gravedad del escenario que supera el simple hecho de llamar a las urnas. Según él, lo que está en juego es la legitimidad de las decisiones de las autoridades administrativas y hasta el Estado de Derecho.
“La gravedad de esto no radica solamente en convocar o no una consulta popular, sino salvaguardar el Estado de Derecho y el principio democrático. No es un tema menor”, sentenció.
