El artículo que establece penas específicas para quienes injurien o calumnien a un funcionario o exfuncionario público (así como a sus familias) y que fue convenientemente incluido a última hora en el Proyecto de Ley Anticorrupción en la Cámara de representantes, sigue siendo uno de esos casos en el que varios políticos tiran la piedra y esconden la mano. Dejando, además, a pocos representantes como César Lorduy sorteando la avalancha mediática y de rechazo ciudadano.
No obstante, en este artículo se hablará de todas las personas involucradas y que incluso hoy se han echado atrás con su posición. Para ello, antes hay que desmenuzar la primera parte: el escándalo por la inclusión de un artículo en la ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 369 de 2021 de la Cámara, liderada por el representante César Lorduy de Cambio Radical.
En su versión original, el artículo incluido establecía penas carcelarias y pecuniarias superiores para el ciudadano que injurie o calumnie a cualquier funcionario o exfuncionario público y a sus familias, contemplando sanciones mucho mayores a las ya existentes dentro del Código Penal para la injuria y calumnia de un ciudadano a otro sin distinción de ningún tipo.
A esto hay que sumarle que el nuevo artículo contemplaba que si la calumnia o injuria proviene de un representante legal o miembro de una organización comunitaria, el castigo sería la suspensión o cancelación de su personería jurídica.
En el texto finalmente aprobado, se mantuvo la pena de eliminación de la personería jurídica, mientras se lograron eliminar las sanciones carcelarias y pecuniarias gracias a algunas propuestas de sustitución. Eso, tras una votación de 73 votos negativos contra 51 a favor de eliminar el mencionado artículo del Proyecto de Ley Anticorrupción.
Se dice, entonces, que hubo un foco injusto en el nombre de César Lorduy, sin embargo esto no es del todo verídico ¿Un representante pone su nombre en una ponencia con la que no está de acuerdo? El político se ha defendido en varios medios diciendo que no es el autor, y es verdad, no lo es, pero como argumento señala que el mencionado artículo ya había sido aprobado hace dos meses en el Senado. En su lógica, sin importar la inconstitucionalidad o afectaciones a la prensa y a la libertad de expresión, tuvo que seguir la tendencia para evitar el choque en la conciliación de los textos de ambas corporaciones.
Las cosas así, aunque varios de los siguientes parlamentarios ya hayan cambiado de opinión con respecto al artículo (incluyendo a Lorduy), estos fueron los representantes que le dieron vía libre al “mico” censurador que poco y nada tiene que ver con el objeto de la ley:
Todos quieren fuero: lupa en el Senado
Si hay algo en lo que hay que darle la razón al representante Lorduy, es que toda la atención se centró en él cuando el tema es mucho más grande. El proyecto 341 de 2020 del Senado, aprobado hace meses, ancla su autoría a un grupo con mucho más poder dentro del Gobierno:
La ministra del Interior, Alicia Arango; el ministro de Justicia, Wilson Ruiz; el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba; el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa; el defensor del pueblo, Carlos Camargo; la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez; la representante del Centro Democrático Margarita Restrepo; el conservador Juan Carlos Wills, entre muchos otros nombres que pueden ser consultados en la página del Senado (aquí).
Cabe mencionar que aunque estas personas no tienen relación con el ‘mico’, ya que el artículo no aparecía en la versión original del texto, muy pocos se han pronunciado a favor o en contra de un artículo que afecta a su proyecto y les terminaría beneficiando como empleados públicos. Eso, incluso ante un escenario en el que el presidente Iván Duque confirmó a Kienyke.com que en caso de ser necesario objetará la ley por ir en contra de la libertad de prensa e invitó a los conciliadores del texto a excluir ese apartado.
Lejos de eso, aunque en la página del Senado aparece el senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino como ponente en ambos debates de esa corporación, en las gacetas su nombre solo está en la segunda ponencia (del 27 de octubre de 2021), mientras que en la primera (del 8 de junio) registra el nombre del parlamentario de Cambio Radical, José Daniel López Jiménez. Sin embargo, fue en la de Varón en la que nació el polémico artículo.
Entonces, ¿quiénes fueron sus autores? De acuerdo con la proposición original, nacida en el Senado, la autoría reposa en los senadores y senadoras Efráin Cepeda (Partido Conservador), Eduardo Pacheco (Colombia Justas Libres), Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Gabriel Velazco (Centro Democrático), Ana María Castañeda (Cambio Radical), García Realpe (Liberal), Esperanza Andrade (Conservador) y otra firma ilegible.
Sin embargo, tras el escándalo muchos de ellos se han retractado de su apoyo e incluso algunos, como García Realpe, le mienten a la opinión pública al asegurar que el texto aprobado en Senado “no contenía tal alcance ni ese mensaje y fue modificado en Cámara”. No solo lavándose las manos, sino además arrojando la papa caliente a los representantes.
Solo por dejar constancia, el artículo 65, aprobado en Senado, quedó finalmente de la siguiente manera:
“El que mediante injuria o calumnia pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún servidor público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece puntos treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal.
En ese sentido las organizaciones ciudadanas que por intermedio de su representante legal o cualquier miembro de la misma denuncien falsedades sobre cualquier funcionario o exfuncionario público perderán su personería jurídica y los miembros de las mismas no podrán ser parte de otra organización ciudadana o constituir una nueva por los siguientes 5 años a la fecha del fallo por injuria y calumnia”.
Cabe entonces una pregunta: ¿Por qué Realpe considera que lo aprobado en Senado fue mejor cuando incluso en este se creó una inhabilidad de cinco años para volver a crear una “organización ciudadana”? Es importante, por lo tanto, seguir el camino que tomará esto en la conciliación y futura llegada a presidencia, pero mientras tanto también dirigir el debate hacia todos y cada uno de los involucrados para poder entender su afán en crear un fuero especial de funcionarios tan cerca de las elecciones.
