El próximo año se realizará en el país la Cumbre Mundial Anticorrupción, con la presencia de dignatarios de todo el globo y líderes en la lucha contra ese flagelo. El anuncio lo hizo la semana pasada el secretario general de Interpol, Jürgen Stock.
El general Jorge Luis Vargas, director de Interpol en Colombia, aseguró que "es una muy buena noticia para el país, porque es un reconocimiento al trabajo realizado". Asimismo, que lo más probable es que, en dicha cumbre, "Colombia sea designada como la sede de la base de capacitación y entrenamiento del organismo en el continente, un tema que va muy adelantado y que ha tenido muy buena recepción".
El tema en torno al cual girará la misma es el del rastreo y decomiso de los capitales de funcionarios y empresarios procesados por casos de corrupción.
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No obstante, el anuncio de Colombia como anfitrión de tamaño foro suscitó todo tipo de reacciones irónicas, dado que se trata de un país con instituciones evidentemente permeadas por esta problemática, con numerosos escándalos de corrupción que han salpicado recientemente a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Desde que se conoció la noticia de que el país alojaría esta cumbre, mientras que distintos casos empañan a la clase política, internautas de todos los sectores señalaron la paradoja de que esta se dé en un país muy golpeado por este asunto.
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Otros en cambio, como el periodista Félix de Bedout, aseguraron que algo bueno se puede sacar de la cita internacional si se hace un símil entre la corrupción como una epidemia y la cumbre como un encuentro de epidemiólogos. "Es como cuando van a estudiar un foco infeccioso en el lugar donde se genera. Puro trabajo de campo".
De cualquier forma el tono sarcástico entre la opinión pública no dejó de mermar. Quedó demostrado, como una fotografía, el estado de percepción ciudadana en el país: Los colombianos no confían mucho en sus instituciones, y su clase dirigente se encuentra fuertemente cuestionada.
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La cumbre aparece por tanto como una oportunidad de plantear cambios profundos en la lucha colombiana contra la corrupción, que le devuelvan esperanza a la ciudadanía. Más que otro episodio en el que se lancen cortinas de humo o se realicen promesas triviales, el Gobierno Nacional y el Estado deben velar por adquirir compromisos reales y diseñar estrategias que permitan recuperar la credibilidad en las instituciones.
La cita internacional de 2019, si bien parece tentadora como una vitrina política para la nación, supone en cambio el desafío de aprender de otros países la estrategia que les permitió sanear su institucionalidad y construir un Estado que administra de forma transparente los recursos recabados de la ciudadanía a través de impuestos. Todo ello con un impacto en el desarrollo, con fondos que son redistribuidos entre los sectores que requieren con mayor urgencia el fomento del Estado.
Colombia debe organizar esta cumbre con el interés más humilde y los oídos bien abiertos, con la voluntad de asimilar experiencias de éxito para superar sus propios lastres.
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En el corto plazo, además del fortalecimiento de la Secretaría de Transparencia que puede poner en marcha el Ejecutivo, otras dos estrategias para recuperar la confianza en las instituciones pueden ser: destrabar el avance del caso Odebrecht que, a diferencia de otros países, deja una sensación de impunidad entre los ciudadanos, y redoblar los esfuerzos para que los puntos respaldados por más de 11 millones de colombianos no vuelvan a ser hundidos en el Legislativo.
Queda tiempo para la cumbre, por lo que Colombia puede ir allanando el camino para que esta sea una oportunidad antes que una ironía.
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