El escándalo de la corrupción en Ocad Paz, que habría derivado en la pérdida de 500 mil millones en sobornos provenientes de las regalías para la paz, avanza como una bola de nieve que suma cada vez más involucrados. Ahora, según Germán Vargas Lleras, se debe tener en cuenta que es probable que las pérdidas hayan sido mucho mayores teniendo en cuenta la cantidad de proyectos aprobados bajo este mecanismo.
Así lo hizo saber el exvicepresidente de Colombia a través de su columna “Terrible despedida”, escrita para el diario El Tiempo, en la que deja claro que para él, el hallazgo del robo de $500 mil millones eran apenas “las primeras pesquisas”, puesto que los contratos asignados en uno solo de los fondos superan los 7.7 billones de pesos.
“Billones y billones de pesos perdidos, saqueados, malgastados. ¿Será mucho pedir que se investigue a cabalidad este asunto? Y todavía hay quienes se extrañan del resultado de las votaciones del pasado 19 de junio”, señaló Vargas Lleras en su texto.
Así las cosas, para el líder de Cambio Radical de este tema quedan varias preguntas en el aire, siendo la principal el “¿Por qué el Dr. Emilio Archila ni supo ni se enteró de nada de lo que ocurría con los recursos asignados a los programas a su cargo, pero sí asistía “con pasión” a los Ocad en donde todo se aprobaba?”.
Asimismo, Vargas Lleras pide explicación del porqué Planeación Nacional “se convirtió en un ente ejecutor”, así como cuestionó el nombramiento de Luis Alberto Rodríguez en la dirección del DNP y a Álvaro Ávila en la dirección de regalías “cuando ya había sido sancionado (previamente) por la Procuraduría”.
Lo cierto es, que sus interrogantes son cuando menos precisos ya que los nombres mencionados son precisamente los funcionarios que han resultado mencionados en el escándalo que reveló una compleja infraestructura de corrupción que cobraba coimas por la viabilización y ejecución de los proyectos de OCAD Paz, originalmente pensados en el acuerdo final para los municipios más pobres y golpeados del conflicto armado.
Sin embargo, previamente se conoció que Emilio Archila, una voz de peso en el concepto de favorabilidad de dichos proyectos, firmaba a su favor sin distinción alguna (como él mismo lo mencionó), a pesar de que un gran porcentaje de ellos terminaron asignados a municipios o territorios no priorizados en el acuerdo final (es decir, no PDET).
Esto, eludiendo de paso una alerta que varios entes de control le habrían hecho llegar en 2021 y que indicaba que “de 447 proyectos que costaron 3.3 billones de pesos entre 2017 y 2020, en 11 departamentos los programas que beneficiaban a los municipios PDET, osea los más pobres del país, era ninguno”, según informa Noticias Uno.
“Dentro de estos 11 departamentos, Atlántico, Guainía y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no tienen ningún municipio clasificado en zonas PDET ni ZOMAC. Lo anterior permite concluir que se están aprobando proyectos en el OCAD Paz en regiones no priorizadas en el Acuerdo Final de Paz”, indicó la alerta que habría llegado a las manos de Archila.
Eso, sin contar con una serie de correos electrónicos que le habrían llegado al exconsejero, con copia a varias entidades, con denuncias en las que se relataban hechos muy similares a los que hoy son materia de investigación de la Fiscalía. Es decir, que desde mucho tiempo atrás se conocía de esta red de corrupción e igualmente se siguió adelante.
En ese sentido, Germán Vargas Lleras hace un llamado a ampliar la investigación sobre todas las entidades involucradas en las decisiones de los proyectos de Ocad Paz, entre ellas MinHacienda, Planeación Nacional, e incluso la Contraloría y Procuraduría, a quienes se les habría pagado para hacer un seguimiento exhaustivo de los proyectos.
A esa lista también suma a algunas autoridades y entidades locales del país, haciendo énfasis en que mucho habrá para encontrar teniendo en cuenta que ya se “raspó la olla” de la paz: “De 7,77 billones asignados para 10 años, solo faltan por ejecutar 900 millones. Qué eficiencia”, manifestó Vargas Lleras en su texto.
Así las cosas, la Fiscalía continúa su investigación sobre unos hechos que bien podrían haber empezado a investigar hace 15 meses (cuando recibió las primeras denuncias), mientras Sebastián Nohra, uno de los periodistas que reveló toda esta situación, puso en conocimiento que ya había recibido amenazas de muerte y calificó como certera la columna de Lleras. ¿Qué quedará aún por descubrir? ¿Cuántos millones más le habrán robado a la paz?
