Mientras el país concentra su atención en el juicio contra Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal, otro proceso penal avanza en paralelo: el del abogado Diego Cadena, quien fue su defensor y hombre de confianza jurídica durante varios años. Cadena enfrenta un juicio por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, actualmente en etapa de alegatos finales.
Según el expediente de la Fiscalía, Cadena ofreció hasta 200 millones de pesos a exparamilitares como Carlos Enrique Vélez para modificar sus declaraciones. La Fiscalía sostiene que estos ofrecimientos habrían buscado beneficiar el proceso del expresidente. Aunque solo se habrían entregado 36 millones de pesos, el planteamiento del ente acusador se basa en la existencia de una intención de incidir en los testimonios judiciales.
La Procuraduría también solicitó condena, respaldando la tesis de la Fiscalía. El juicio contra Cadena avanza bajo la jurisdicción de la jueza Sandra Heredia, y se espera una decisión en las próximas semanas. La etapa procesal coincide con la recta final del juicio contra Uribe, lo que ha generado atención sobre las posibles conexiones entre ambos casos.
La defensa del expresidente ha señalado públicamente que pudo haber “excesos” por parte de su abogado, pero ha mantenido su postura de que no hubo intención de alterar la verdad ni de inducir a nadie al error. Por su parte, Cadena ha defendido su actuación asegurando que los pagos realizados correspondían a ayudas humanitarias.
El curso de ambos procesos ha puesto en el centro de la discusión temas relacionados con la relación entre poder, justicia y representación legal. El desenlace de estos casos podría tener implicaciones jurídicas y políticas, especialmente por el momento en que coinciden las decisiones clave.
En lo penal, Cadena enfrenta cargos formales y continúa su proceso en derecho. En lo político, su nombre sigue asociado al caso más importante que ha involucrado a un expresidente en Colombia.
