La reforma pensional, aprobada a finales de 2023 y celebrada por el gobierno como un triunfo social, hoy está en entredicho. La misma Corte Constitucional ha comenzado a revisar con lupa su legalidad, no solo por los más de 40 cuestionamientos formales en su trámite legislativo, sino por un ingrediente que podría cambiarlo todo: la corrupción.
La pregunta que recorre los pasillos del poder es clara: ¿Fue aprobada esta reforma a punta de coimas?
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El escándalo que salpica todo
La explosión del caso UNGRD reveló que se habrían pagado millonarios sobornos a congresistas para facilitar la aprobación de proyectos clave del gobierno. Entre los nombres que más resuenan están Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara, respectivamente. Ambos fueron decisivos en el trámite de la reforma pensional.
El escándalo escaló tanto que la Corte Constitucional solicitó formalmente a la Fiscalía y a la Corte Suprema las pruebas del caso, para verificar si la reforma fue viciada por corrupción. Si se comprueba que hubo coimas para lograr su aprobación, el proyecto quedaría en la cuerda floja.
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Trámite irregular: el otro talón de Aquiles
Más allá de la corrupción, expertos y congresistas han señalado serios vicios de procedimiento en la aprobación de la ley. Según varias demandas, el proyecto no tuvo el cuarto debate obligatorio en la Cámara, se votaron textos no socializados y se incumplieron principios de publicidad y transparencia legislativa.
En otras palabras: ni siquiera se necesitaba un escándalo de coimas para ponerla en peligro. La ley, como está, podría caerse por errores de forma y de fondo.
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El fantasma del impacto fiscal
Como si fuera poco, la representante Katherine Miranda advirtió que el Congreso aprobó la reforma sin conocer su impacto fiscal. Y ese fue precisamente el argumento que usó la Corte para tumbar recientemente la ley que creó el Ministerio de Igualdad.
Es decir, el gobierno podría enfrentar un nuevo revés jurídico por la misma razón: improvisación y falta de rigor fiscal.
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¿Y ahora qué?
El gobierno insiste en que la reforma entrará en vigor el 1 de julio de 2025, pero el reloj corre en su contra. La Corte tiene en sus manos no solo la validez jurídica de la ley, sino la credibilidad del sistema político.
Porque si se comprueba que una reforma de este calibre fue aprobada con votos manchados de corrupción, ¿qué legitimidad le queda?
