En el nuevo Congreso de la República se cocinan varias propuestas que apuntan a reducir los beneficios de los funcionarios de dicha corporación, algunas con reformas modestas y otras mucho más drásticas que intentan solucionar la enorme brecha que existe entre los congresistas y ciudadanos.
Uno de estos, por ejemplo, es el de los senadores Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, junto a la representante Catherine Juvinao, que apunta desde varios frentes: un tope salarial de 25 salarios mínimos a partir de 2026, la reducción del receso legislativo, la ampliación de las causales de pérdida de investidura, un límite de tres periodos en la reelección (en cualquiera de las cámaras), la lucha contra la corrupción, etc.
“La tarea para transformar el Congreso es enorme, yo calculo que empezaremos unos y la seguirán otros. Estamos en el momento político para lograr este tipo de iniciativas (...) Vamos primero con este acto legislativo, en semanas siguientes radicaremos una ley orgánica de reforma a la Ley quinta, que es el reglamento del Congreso en la minucia desde lo administrativo hasta el trámite legislativo. Una ley que merece un revolcón estructural”, señaló Juvinao a Kienyke.com.
En seguida, Juvinao añadió que buscará radicar una ley estatutaria que tiene que ver con “la rendición de cuentas, transparencia y la creación de un observatorio legislativo”. Una entidad con la que las bancadas alternativas esperan mejorar el flujo de información que le llega a los ciudadanos sobre la actividad de sus congresistas y el control sobre su trabajo.
Antes que nada, hay que aclarar que esta no es la única iniciativa que se ha presentado para muchos de estos objetivos. Sin embargo, en cada una de ellas el resultado ha sido el fracaso: según el senador Iván Cepeda, ya se cuentan tres intentos fallidos para reducir el receso legislativo, 5 de controlar el ausentismo y al menos 15 veces se ha intentado reducir el salario de los congresistas.
La razón principal del poco éxito es sencilla y es que pocos congresistas están dispuestos a legislar en su contra. La excusa en muchos de estos debates es no querer legislar en causa propia y al final todo esto se traduce en no querer afectar un flujo de gasto ya adquirido en su cotidianidad como congresistas.
Toda esta situación, sumado al efecto positivo que esto genera entre los apoyos populares, ha conducido a varios congresistas a llevar a otro nivel las iniciativas para reducir sus beneficios, destacando una que incluso busca que los congresistas trabajen gratis.
¿Congresistas sin salario? El proyecto de Gómez Amín
Una de las propuestas más polémicas es el proyecto del senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien lidera un proyecto que busca que los congresistas no perciban salario alguno y hagan el trabajo legislativo por la simple dignidad que representa estar trabajando para los colombianos.
“Quien ostente la condición de senador de la República o Representante a la Cámara, no percibirá ninguna retribución económica por su asistencia, permanencia y participación en las sesiones plenarias de cada corporación, en las sesiones de comisiones cualquiera sea su naturaleza, ordinarias o extraordinarias. Su ejercicio será ad honorem y no tendrá vinculación laboral con el Estado”, señala el documento de la iniciativa.
En entrevista con W Radio, Amín aseguró que su propuesta además busca eliminar “los impedimentos y las inhabilidades para trabajar en lo privado” que tienen los parlamentarios. Sin embargo, esta idea enfrenta uno de los obstáculos más grandes que tiene el meterse con los beneficios de los congresistas y es la posibilidad de afectar sus derechos laborales adquiridos.
El proyecto de Jota Pe Hernández
Otro proyecto es el del senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, quien pretende eliminar la prima especial de servicios de los congresistas. Algo que reduciría cerca de 11 millones de pesos su salario, dejándolo en unos $25 millones mensuales.
Hasta el momento, este proyecto se ha vislumbrado como la posibilidad más cercana de poder bajarle el salario al Congreso en el corto plazo y llegó a convertirse en un hecho mediático tremendo el que un congresista firmara o no. De hecho, Jota Pe denunció en entrevista con Kienyke.com que esta cruzada le ha valido rechazos y agresiones de varios congresistas, incluso de bancadas alternativas.
“Recibimos una lluvia de críticas, enojo por parte de varios congresistas, senadores y senadoras, que estaban furiosos porque los colombianos se enteraron (...) están furiosos porque ellos dicen que 25 millones no les alcanzan para vivir”, señaló.
Desde que empezó el alboroto por los proyectos que buscan reducir los salarios, muchos congresistas han salido públicamente a asegurar que el dinero que se les paga apenas les alcanza para ejercer su trabajo e incluso, como dijo uno, que “nunca han tenido que aguantar tanta hambre” como en el Congreso.
Pago por sesión, la apuesta de Bolívar
En medio de todo este rifirrafe, Gustavo Bolívar también anunció que intentaría sacar adelante un proyecto por su lado que apuntará a que se les pague por sesión asistida a los congresistas. Lo que significa que un senador o representante que no asista a plenaria, no podría cobrar ese día laboral.
“Nos pagan por ir y el que no va, no cobra. A mi me parece que es el mejor, porque como está concebido nosotros le pagamos dos salarios mínimos por plenaria a cada congresista. Hay ocho plenarias al mes”, señaló Bolívar a través de un video en Twitter.
En todo caso, más allá de la viabilidad de uno u otro proyecto, que tendrá que verse cómo se comportan en el curso legislativo, está claro que por lo menos en este Congreso parece que se volvió prioridad reducir la desigualdad salarial de los parlamentarios frente a la ciudadanía. Igual el tema de los beneficios, como se puede ver con la decisión del presidente de la Cámara, David Racero, de quitarles las camionetas blindadas a los representantes.
Sin embargo, también habrá que ver cuáles proyectos contemplaron realmente las implicaciones de fondo y las discusiones futuras en materia de derechos laborales. Un debate que cada vez se augura más intenso y que está en la delgada línea entre el populismo y una petición ciudadana que lleva años en el horno.
