La Defensoría del Pueblo encendió las alertas por el paro armado indefinido del ELN en el municipio de Bajo Baudó, en Chocó, que desde el martes 17 de marzo mantiene confinadas a comunidades y restringe derechos fundamentales.
Según la entidad, la medida afecta a 25 comunidades, entre ellas 16 afrocolombianas, 530 familias, equivalentes a 1.933 personas, y nueve indígenas con 886 familias, es decir, 4.114 personas, quienes enfrentan graves limitaciones en su movilidad, acceso a alimentos, salud y educación.
Uno de los impactos más críticos es el confinamiento, que impide la circulación por los ríos y dificulta el abastecimiento de productos básicos, además de frenar las jornadas médicas y la asistencia a clases de niños, niñas y jóvenes.
Escalada de violencia y respuesta de autoridades
La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, confirmó que el paro armado comenzó a las 00:00 del 17 de marzo en zonas como los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa.
“Ha comenzado un nuevo constreñimiento ilegal anunciado por el ELN en el municipio de Bajo Baudó”, afirmó, al tiempo que alertó sobre ataques recientes, como el ocurrido contra la estación de Policía de Santa Rita, en el municipio de Río Iró, mediante granadas lanzadas con drones.
La mandataria indicó que se instaló un consejo de seguridad con presencia de la Fuerza Pública y el Ministerio Público para atender la situación.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que “atacar a la población civil, confinarla, amenazarla es un crimen de guerra”, y advirtió que estas acciones, cuando son sistemáticas, constituyen “un crimen de lesa humanidad”.
El funcionario anunció el despliegue de operaciones militares en la zona y ofreció una recompensa de hasta $1000 millones por información que permita ubicar a alias 'Genaro', señalado como cabecilla del grupo armado en esa región.
Llamado urgente por la protección de la población
La Defensoría reiteró que las acciones que generan terror en la población civil y restringen el acceso a bienes esenciales vulneran el Derecho Internacional Humanitario.
En ese sentido, hizo un llamado urgente a las autoridades para adoptar medidas inmediatas que garanticen la protección de las comunidades, y pidió al ELN cesar el paro armado.
La entidad enfatizó que “ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades”, especialmente en territorios donde habitan pueblos étnicos que requieren especial protección.
