La Defensoría del Pueblo reforzará el monitoreo a través del Sistema de Alertas Tempranas para la región de Urabá-Darién luego de la captura de alias ‘Otoniel’. Temen que se presenten represalias tras la captura del principal cabecilla del Clan del Golfo.
“Aunque no se ha reportado ninguna situación de riesgo adicional para la población civil, por este hecho, la Defensoría del Pueblo considera necesario brindar mayor acompañamiento en el territorio para la población que se han visto afectada por las acciones de los grupos armados ilegales que tienen presencia en esa región del país.”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
“Las revisiones preliminares de nuestros equipos en terreno dan cuenta que, oficialmente, no se conoce de amenazas ni alteraciones del orden público en la región del Urabá, pero se mantiene monitoreo permanentemente en los 15 municipios de la región (Acandí, Apartadó, Arboletes, Carmen del Darién, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Necoclí, Mutatá, Murindó, Riosucio, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo y Unguía)”, mencionó Camargo.
Según la Defensoría del Pueblo, con el fin de prevenir posibles vulneraciones a los derechos humanos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), se mantendrá la presencia y acompañamiento permanente a las comunidades a través de la Regional Urabá-Darién.
ONG en Colombia teme un paro armado por captura de alias Otoniel
Para la ONG Proceso Social de Garantías, la captura de alias Otoniel estaría lejos de ser el fin del Clan del Golfo: “si bien es un objetivo de alto valor, el gobierno colombiano no debería estar enviando un mensaje de que desmanteló al grupo militar más grande de Colombia”, afirmó Óscar Yesid Zapata, vocero de la ONG.
“Decir que desmantelaron la organización por esa captura es un desacierto completo. La captura no es desmantelamiento, la captura lo único que hace es debilitarlos. Un desmantelamiento requiere averiguar dónde están haciendo control, dónde lavan el dinero, acciones contra la población”, explicó Zapata. Según cifras del Ejército Nacional, el grupo tiene 3.800 integrantes, con influencia en 12 departamentos y 128 municipios de Colombia.
Para la ONG, Antioquia es uno de los departamentos más afectados por este grupo armado: “Hemos logrado identificar a este grupo en 112 de los 125 municipios de Antioquia, más del 90% del territorio. Pero también los hemos visto en el sur de Córdoba, en Magdalena, en el Catatumbo, en el Meta y en otros departamentos”.
Por buscar una retaliación con el Estado, el Clan del Golfo buscaría “atentar contra líderes, desplazar personas, cometer graves infracciones al derecho internacional humanitario. Generar una nueva ola de violencia para presionar al estado”. Para Zapata, quienes están en mayor riesgo las poblaciones campesinas y los líderes de población de zonas rurales principalmente.
Temen que las represalias del Clan del Golfo desencadene un aumento de homicidios, reclutamiento de menores, desplazamiento, masacres y ataques contra la fuerza pública, tal y como ocurrió, según la ONG, en 2012 cuando muere alias Giovani y esto conllevó a un paro armado en 5 departamentos.
Finalmente, la ONG Proceso Social de Garantías hizo un llamado de alerta al Estado Colombiano a no seguir aplazando la implementación de los acuerdos de paz y buscar una política pública de desmantelamiento de las estructuras paramilitares.
