El cese de torturas, desapariciones y asesinatos hace parte del compromiso asumido por grupos armados en Medellín para avanzar en el proceso de paz urbana con el Gobierno Nacional, el cual se inició hace cuatro meses y que cuenta con mecanismos de verificación de reducción de la violencia en la capital de Antioquia y su Área Metropolitana.
Así lo dio a conocer este martes la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), al destacar que durante este tiempo “se ha llevado a cabo la fase de acercamiento” entre las partes, con miras a construir la paz urbana, un pilar esencial de la Paz Total impulsada por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro.
Esta primera fase, según la OACP, “se sostiene sobre compromisos de ambas partes con la verdad, con no hacer trampas ni engaños, y con abstenerse de incluir en el proceso a personas ajenas al mismo a cambio de pagos económicos”.
“Este proceso de transición al Estado de Derecho brinda garantías para sus participantes y tiene como propósito la no repetición, la memoria y el respeto a las víctimas, y las transformaciones urbanas que traigan seguridad humana a la ciudadanía”, destacó la entidad.
Asimismo, explicó que la fase de acercamiento ha sido absolutamente discreta, con mecanismos de comunicación e interacción confidenciales para facilitar la confianza, y con acuerdos verificables que los facilitadores reconocidos por la OACP han cumplido con responsabilidad, discreción y compromiso.
“Esta fase ha contado con la participación de testigos internacionales y de actores nacionales, eclesiales y académicos, que seguirán rodeando el proceso en su fase pública”, agregó.
En ese contexto, la OACP aseveró que la fase de acercamiento con más de 12 grupos, que manifestaron su voluntad de paz, se ha ceñido a los parámetros contemplados por la Constitución colombiana y las leyes vigentes, y desde noviembre de 2022 ha estado enmarcada en lo que dicta la Ley 2272, también conocida como la Ley de la Paz Total.
“Avanzamos hacia la construcción de un Espacio de Conversación Sociojurídica que respetará la autonomía de los diferentes poderes del Estado. Los alcances de ese espacio, bajo ningún parámetro, desbordarán las competencias institucionales, y respetarán en todo momento los acuerdos existentes de cooperación judicial”, sostuvo la OACP, y agregó: “Las especulaciones sobre promesas de rebajas de penas, de no extradición o de excarcelación de líderes de estructuras armadas carecen de fundamento”.
Por último, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz enfatizó que “la ciudadanía conocerá la arquitectura de la conversación sociojurídica cuando se cuente con una hoja de ruta finalizada. Así, tanto ciudadanos como grupos participantes, contarán con todas las garantías de un proceso de paz urbana eficaz y transparente”.
