Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Medellín (Antioquia) impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio contra los patrulleros de la Policía Nacional: Jhonatan David Crespo Castro y Albert Yamid Patiño Parra, presuntamente, coautores de los delitos de concusión y peculado por uso.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de delitos contra la Administración Pública, el 19 de agosto de 2021 uniformados adscritos a la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, le habrían exigido a un motociclista el pago de $500.000 a cambio de no llamar al tránsito e inmovilizar el automotor que conducía y con el cual, al parecer, cruzó un semáforo en rojo.
El hecho se registró en inmediaciones de la Plaza Minorista de la capital antioqueña. Durante las indagaciones se logró constatar que los patrulleros y la motocicleta oficial en la que prestaban el servicio estaban designados para cubrir el plan anti fleteo en el barrio El Poblado de Medellín.
Crespo y Patiño fueron capturados por orden judicial este 17 de febrero y no se allanaron a los cargos imputados.
Condenados tres policías que conformaron red de corrupción en Barbosa (Antioquia)
En hechos similares, luego de avalar el preacuerdo celebrado entre la defensa de los procesados y la Fiscalía General de la Nación, un juez penal del circuito de Girardota (Antioquia) sentenció a un suboficial y dos patrulleros de la Policía Nacional, por los delitos de concierto para delinquir y concusión en concurso homogéneo y sucesivo.
Con la decisión fueron afectados el intendente José Ignacio Arroyave Murillo, quien fue sentenciado a cuatro años y cuatro meses de prisión, y los patrulleros Cristian Camilo Pérez Oyola y William Fernando Oyuela Duarte, condenados a cinco años de cárcel.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, entre enero de 2018 y septiembre de 2020, los uniformados solicitaron dinero a conductores de camiones cargados con madera a cambio de no exigirles la papelería requerida para el transporte de ese tipo de materiales.
El fallo también les ordena los condenados el pago de multas que oscilan entre los 34.33 y 35.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los hechos ocurrieron en la Autopista Norte entre los municipios de Copacabana y Barbosa (Antioquia).
Las exigencias económicas ilegales que iban desde los $30.000 hasta los $400.000 se extendieron a conductores de vehículos particulares y motociclistas que se movilizaban por la zona. Por los mismos hechos y delitos ya están acusados otros 9 uniformados.
