El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años hallada sin vida en Cajicá, Cundinamarca, dio un nuevo giro judicial. Sus padres interpusieron una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación, alegando que el ente acusador ha vulnerado sus derechos a la verdad y la justicia al negarles el acceso completo al expediente y a pruebas clave dentro de la investigación.
La tutela, radicada el 22 de septiembre, denuncia que desde el 21 de agosto la familia presentó varias solicitudes formales que no han sido atendidas de fondo. Entre ellas, pidieron el reconocimiento de sus abogados como representantes en el proceso, copia íntegra y espejo del expediente, incluyendo noticia criminal, órdenes de policía judicial, informes de campo y grabaciones, y la notificación a todas las diligencias preliminares.
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Una semana después, el 27 de agosto, ampliaron la petición con nuevas pruebas: los registros completos de las cámaras de seguridad del colegio y de una cámara externa en Cajicá, la recolección de dibujos hechos por estudiantes y un peritaje forense sobre un dibujo realizado por Valeria, además de los elementos personales que la niña tenía en su casillero. También solicitaron que se incluyera en la investigación a terceros, como el dueño de un cultivo colindante y el propietario de un vehículo visto en el plantel el día de la desaparición.
El término legal de respuesta venció el 11 de septiembre, pero la Fiscalía solo entregó un pronunciamiento parcial, asegurando que los videos seguían en proceso de “extracción forense” y a la espera de legalización. Para la familia, esta respuesta fue evasiva y vulneró su derecho fundamental de petición, además de revictimizarlos al impedirles acceder al expediente y contratar peritos privados.
Un caso que sigue sin respuesta
Valeria desapareció el 12 de agosto en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles. La última vez que fue vista estaba en la zona deportiva. Tras 18 días de búsqueda, su cuerpo apareció en el río Frío, a 300 metros de la institución. Medicina Legal estableció que murió por ahogamiento, sin signos de violencia, hipótesis que sus padres rechazan.
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El abogado Julián Quintana ha insistido en que docentes y directivos deben responder por las omisiones que, según la familia, derivaron en la muerte de la menor. El caso, que comenzó como desaparición forzada, ahora se investiga como homicidio en la Fiscalía de Vida de Zipaquirá.
En su pretensión final, los padres piden que la Fiscalía entregue la totalidad del expediente, los registros fílmicos y los análisis técnicos de triangulación de antenas para garantizar su derecho a la verdad y a la justicia.
