
La tarde del martes 2 de septiembre, hombres armados secuestraron en el municipio de Miranda, Cauca, a Samuel Londoño Escobar, de 17 años, hijo del exalcalde de esa localidad y actual gerente de la Industria Licorera del Cauca, Samuel Londoño Ortega.
De acuerdo con las primeras versiones, el joven se movilizaba en motocicleta junto a otro adolescente cuando fue interceptado por sujetos armados que lo obligaron a subir a una camioneta. Posteriormente, habrían tomado rumbo hacia la zona montañosa del municipio, donde delinquen estructuras de las disidencias de las FARC y el ELN.
Según relataron comerciantes y transeúntes que presenciaron el hecho, los responsables llegaron armados y actuaron con rapidez, sin importar la visibilidad de la zona. La comunidad, atónita, no tardó en alertar a las autoridades locales, quienes de inmediato contactaron a la familia para confirmar la veracidad del secuestro.
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Tras conocerse el hecho, las autoridades activaron un plan candado en coordinación con el Gaula, la Policía, el Ejército y la Guardia Indígena para dar con el paradero del menor. El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Misión de Apoyo de la OEA para garantizar su pronta y segura liberación.
“Es muy triste lo ocurrido. Aunque se activó el Plan Candado en Florida, Valle, no se logró dar con su paradero, pues los delincuentes habrían huido hacia la cordillera”, afirmó. El mandatario también pidió a la comunidad unirse en oración por la pronta liberación del joven.
Hasta ahora no se han recibido llamadas de los captores ni mensajes que indiquen el motivo del secuestro. El Gaula de la Policía informó que las investigaciones avanzan para establecer qué grupo armado estaría detrás de este crimen, teniendo en cuenta que en la zona hacen presencia las disidencias de las FARC, en particular los frentes Dagoberto Ramos y 57 Yair Bermúdez, así como el ELN, organizaciones que han mantenido una fuerte incidencia en la región.
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Tanto la Gobernación del Cauca como organizaciones sociales rechazaron de manera enfática el secuestro, al considerarlo un nuevo golpe contra la paz y la tranquilidad de la región.
“De manera coordinada con la alcaldía de Miranda, La Fuerza Pública y las autoridades competentes, se adelantan actuaciones institucionales orientadas a su pronto regreso al hogar”, señaló la gobernación.
Hasta el momento, ningún grupo armado ilegal se ha atribuido el hecho ni se conoce comunicación de los captores del menor.