En las últimas horas, se hicieron públicas varias denuncias de graves casos de violencia sexual que estarían sufriendo algunas niñas entre los siete y los quince años, pertenecientes a la comunidad indígena Nukak y Jim, en el departamento del Guaviare.
Si bien esta es una problemática que viene de tiempo atrás y que incluso ha sido denunciada por diferentes medios desde el año pasado, lo cierto es que cada vez son más precarias las condiciones de estos menores de edad que se ven expuestos a la adicción de sustancias psicoactivas y son usados para la mendicidad en San José del Guaviare.
Incluso, hay señalamientos de que algunos de los presuntos abusadores sexuales en el Guaviare serían militares, situación que no ha sido comprobada. Lamentablemente, cada vez se recrudece más la situación de explotación sexual infantil en esta zona, donde muchas de estas niñas y adolescentes terminan embarazadas.
A los menores de edad en esa zona les ofrecerían pegantes para inhalar, comida o sumas mínimas de dinero, a veces hasta en monedas, a cambio de los vejámenes sexuales a los que son sometidos. Ellos aceptarían por su precaria condición de vida.
Guaviare, en crisis por explotación sexual infantil
Se conoció un caso de una menor de quince años que denunció haber sido encerrada y violada durante cuatro días por hombres militares en un baño público de San José del Guaviare, además el de una menor de 10 años que habría sido violada por un estadounidense que la obligó a dar a luz, pero a su corta edad su cuerpo no respondió en el proceso de maternidad.
Según datos oficiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en 2022 se registraron 192 denuncias por diferentes casos de maltrato y abuso sexual infantil en el departamento del Guaviare. En promedio, semanalmente aparecen al menos cuatro casos de abuso sexual infantil en esta región.
Las autoridades indican que actualmente existen programas de acompañamiento a las comunidades y de la mano de la Fiscalía General de la Nación se adelantan las investigaciones pertinentes para judicializar a los responsables.
Vale la pena contar que la situación salió a relucir tras un informe especial sobre el tema, realizado por Gerardo Reyes, periodista de Univisión.
