En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno nacional, el Distrito de Bogotá y la Unidad de Víctimas, se ha presentado un plan piloto para el retorno seguro de más de 600 personas de la comunidad emberá que han expresado su deseo de regresar a sus territorios de origen.
El anuncio fue realizado por Lilia Solano, directora de la Unidad de Víctimas, quien destacó que este proceso no es nuevo y ha sido una preocupación de varios gobiernos anteriores. Sin embargo, subrayó el compromiso actual del Gobierno de abordar los incumplimientos históricos y asegurar el retorno digno y seguro de las comunidades afectadas.
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El plan contempla el retorno escalonado de familias emberá asentadas en el Parque Nacional, en el centro de Bogotá, hacia sus lugares de origen en Bagadó (Chocó) y Pueblo Rico (Risaralda). El primer grupo, compuesto por 92 familias, está programado para regresar el 29 de julio. Posteriormente, se tiene previsto el retorno de familias desde la UPI La Rioja el 12 de agosto y desde La Florida el 14 del mismo mes.
"Esto empezó hace años y no al inicio de este Gobierno", afirmó Solano, enfatizando la continuidad y el compromiso de largo plazo en la atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
El proceso incluye reuniones con autoridades locales y tradicionales para fortalecer el diálogo y la sostenibilidad del retorno de estas familias a sus territorios ancestrales. Asimismo, se coordinará estrechamente con las alcaldías de Bagadó y Pueblo Rico para incrementar la oferta institucional y prevenir nuevos desplazamientos en el futuro.
Según datos proporcionados por la Unidad de Víctimas, en el primer trimestre de 2024 fueron caracterizadas 779 personas pertenecientes a 196 hogares emberá asentados en el Parque Nacional. De estas, 633 han manifestado su intención de retornar a sus territorios de origen, mientras que 119 desean reubicación y 17 prefieren integrarse localmente.
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El plan piloto no solo busca facilitar el retorno físico de estas comunidades, sino también garantizar condiciones adecuadas de seguridad, acceso a servicios básicos y oportunidades para la reconstrucción del tejido social en sus lugares de origen, contribuyendo así a la consolidación de la paz y la reconciliación en Colombia.
