La Alcaldía de Bogotá, a través de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), reportó publicidad política instalada sin autorización en mobiliario urbano y otros espacios compartidos. El Distrito dijo que esos hallazgos se relacionan con 13 candidaturas al Congreso y a la Presidencia, y que habría ocho partidos y movimientos involucrados.
El DADEP envió el material de soporte a la Secretaría Distrital de Ambiente para que adelante los trámites administrativos. El mensaje del Distrito es que la campaña no tiene permiso automático sobre el espacio público.
Un control que coincide con el arranque de campaña
El anuncio llega en un momento de mayor actividad proselitista rumbo a las elecciones de 2026. El punto, según el Distrito, no es el contenido del mensaje sino el uso de superficies que son de todos. Pegar piezas sin autorización se trata como una infracción asociada a contaminación visual y a reglas de convivencia.
Como antecedente, el Distrito recordó que en 2025 retiró 7.899 pendones en 226 jornadas de recuperación del espacio público.
¿Qué encontró el Distrito?
La verificación del DADEP incluyó afiches y pancartas instalados con engrudo y amarres, además de intervenciones con esténcil. Los puntos identificados abarcan postes, puentes, señales, cajas telefónicas, parques y otros elementos del mobiliario urbano.
Los hallazgos se ubicaron en Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Santa Fe, Los Mártires, Chapinero y Usaquén. El reporte oficial no publicó los nombres de las ocho organizaciones políticas señaladas, pero sí presentó el caso como un patrón de instalación sin autorización.
El punto de fondo
La autoridad ambiental distrital define la Publicidad Exterior Visual (PEV) como cualquier medio visible desde vías de uso público con fines comerciales, culturales, políticos o institucionales. La regla clave para campañas es el soporte: instalar, pegar o amarrar piezas en espacio público sin permiso entra en el radar de control.
En la práctica, esto obliga a campañas y partidos a planear visibilidad con lugares permitidos, permisos y soportes autorizados. Si no, el costo no es solo retirar una pieza. Es abrir un frente administrativo con evidencia georreferenciada.
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De la evidencia a la sanción
El procedimiento que describe el Distrito separa funciones. El DADEP hace verificación, toma fotografías, video y georreferenciación, y arma el expediente. La Secretaría Distrital de Ambiente asume la actuación administrativa, define si hay infracción y avanza con el trámite.
Según ese marco, los incumplimientos pueden terminar en procesos sancionatorios ambientales con multas. Para las campañas, el riesgo es doble: la exposición pública del señalamiento y el impacto operativo de tener que retirar, corregir y responder en medio del calendario electoral.
