El Concejo de Bogotá denunció el lunes que ningún policía investigado por abusos de la Fuerza Pública en manifestaciones registradas los 9 y 10 de septiembre de 2020 ha sido retirado de la institución, pese a que tales abusos dejaron dejaron 10 muertos y 75 heridos por parte de los uniformados.
"Después de 14 meses de lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre en Bogotá, ningún Policía ha sido retirado de la institución, ni siquiera los imputados. Todo lo contrario, terminaron recibiendo felicitaciones por parte de la institución", reveló un informe de la Comisión Accidental del Concejo de Bogotá.
El informe, revelado por un medio de comunicación en su página web, asegura que no se ha emitido ninguna condena contra los responsables por parte de la justicia, pese a que se presume que miembros de la Policía de Bogotá dispararon contra la población civil en las manifestaciones de esos días, que se tornaron violentas en las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020 y que se originaron luego de que dos policías asesinaron a un taxista en otro caso de abuso de fuerza.
"Según el documento, a la fecha la Fiscalía tiene registro de solo ocho noticias criminales que cursan por el delito de homicidio, de las cuales siete se encuentran en juicio, lo cual contrasta con lo que ha trascendido en la opinión pública de juicio solo contra tres patrulleros", señala la emisora con base en el reporte.
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Con respecto a los 75 casos de personas heridas en esas manifestaciones por parte de la Policía, el informe señala que la Fiscalía reconoce que solo dos casos se encuentran en etapa de indagación por el delito de lesiones personales y en los que se habrían usado armas de fuego.
Tampoco se conoce "ningún resultado en el esclarecimiento de la responsabilidad de mando" en lo referente a 18 oficiales y suboficiales que fueron denunciados ante la Fiscalía por un concejal ante los hechos ocurridos esas noches.
"Sobre la función actual de los policías investigados por estos hechos no se ha concretado ninguna actuación dirigida al retiro discrecional de estos uniformados, ni siquiera de tres patrulleros imputados. La propia Policía Metropolitana señala que siguen activos en la institución desempeñando funciones propias de integrante de patrulla", finaliza el documento.
La comisión concluyó que más de un año después de lo ocurrido, el Estado no ha garantizado los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición
