El Gobierno Nacional hizo este jueves un llamado al país para que no se utilice pólvora en las festividades de Navidad y fin de año debido al número de quemados y lesionados que deja esta práctica.
"La invitación es a generar el cambio en las familias, los hogares y la ciudadanía; hacer un llamado a la responsabilidad con el cuidado de la vida de niños, niñas y adultos. Se puede hacer una celebración responsable, tranquila, sin estos lamentables sucesos", afirmó la ministra de Salud, Carolina Corcho, ratificando el eslogan de la campaña: “Potencia la vida, apaga la pólvora".
La funcionaria dijo que el objetivo de la campaña "El cambio es sin pólvora" es "reducir el número de quemados y celebrar con responsabilidad".
La iniciativa vincula, además de la Presidencia, al Instituto Nacional de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y al Ministerio de Salud y Protección Social.
La ministra Corcho enfatizó en que "no se debe vender pólvora a niños, niñas y menores de edad. Estaremos muy atentos con el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia para evitar el uso ilegal de la pólvora".
Igualmente, recordó que las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) dejan ver claramente un "preocupante balance" de lesionados y quemados en las temporadas decembrinas.
Según el Instituto, el 25 de diciembre de 2021 se registraron 110 personas afectadas por pólvora; el 31 de diciembre de 2021, hubo 156 quemados y el 1 de enero se notificaron 270.
Del total de víctimas en todo el país durante las celebraciones (1.174 reportados), 810 fueron adultos; 353 de ellos estaban bajo efectos del alcohol; 364 eran menores de 18 años, y de este grupo, 35 registraron, además, consumo de bebidas embriagantes.
En cuanto a lesionados por el uso inadecuado de pólvora, el 90,5 % resultaron quemados; el 64 % tuvieron laceraciones en el cuerpo, el 11 % sufrieron amputaciones, el 6,6 % registraron daños en los ojos y el 2,2 % tuvieron problemas auditivos.
Además, el ICBF inició 75 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos; brindó asistencia y asesoría a la familia en 152 casos y amonestó a 38 madres, padres y cuidadores, determinando su asistencia obligatoria a un curso en la Defensoría del Pueblo para fortalecer sus capacidades parentales.
