El caso del expresidente Álvaro Uribe que estudia la Corte Suprema de Justicia y que podría llevar a una posible detención del líder político levantó toda clase de reacciones política en el país.
Una de las más fuertes provino del mismo partido político del expresidente Uribe, el Centro Democrático, que a través de un comunicado de prensa mostró su preocupación por el juicio que se lleva a cabo por una presunta manipulación de testigos.
Ante esas reacciones, la Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, JEP y el Consejo Superior de la Judicatura se pronunciaron sobre este hecho. Este es el comunicado completo:
"La vigencia y solidez de las democracias modernas están sostenidas por la garantía de una justicia autónoma e independiente, impartida por funcionarios judiciales obligados a tomar decisiones basadas en la Constitución Política y las leyes creadas por el Poder Legislativo y sancionadas por el Ejecutivo. Los jueces jamás podrán estar facultados para emitir providencias motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza ajena al ordenamiento jurídico, ni siquiera en la era de la información.
En eso consiste el imperio de la ley: en la aplicación del orden jurídico para los ciudadanos por igual, donde todos estamos sometidos a sus preceptos. Colombia como Estado Social de Derecho pertenece a un régimen político democrático, pluralista y participativo.
La administración de justicia está regida y construida sobre esos pilares, que obedecen a reglas internas e imperativos mandatos internacionales aceptados por el Estado colombiano, para garantizar a todos y cada uno de los habitantes del país sus derechos fundamentales, entre los que se encuentra el debido proceso y sus corolarios de defensa y contradicción. El sistema judicial, como componente esencial del Estado de Derecho, debe ser respetado en su integridad. Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas. De ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance.
En la democracia colombiana, la justicia se rige por el orden jurídico. Por eso, no solo los ciudadanos y los funcionarios de todo orden y jerarquía, sino las instituciones y quienes las representan tienen el deber de salvaguardar la integridad de las decisiones judiciales.
Por el valor superior de la democracia hacemos un llamado a confiar en la acción de los jueces, quienes toman sus decisiones con rigor y sensatez dentro del orden establecido por la Constitución Política y la ley".
El caso de Uribe en la Corte Suprema
La defensa del senador sostiene que no existen elementos probatorios fuertes que vinculen a Álvaro Uribe con manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte le imputó el delito de manipulación de testigos al abogado Diego Cadena, por intentar sobornar al exparamilitar Carlos Enrique Vélez para presuntamente torcer su versión en el caso.
Según aseguró el delegado de la Fiscalía en la imputación de cargos, Cadena ofreció hasta 200 millones de pesos al testigo para que dijera que el senador Iván Cepeda le había ofrecido beneficios a cambio de inculpar al senador Uribe. Según el ente acusador, solo se entregaron 48 millones de la cifra prometida.
Ahora, un audio de la declaración del primo de Carlos Enrique Vélez, Ricardo Diosa Londoño, que se encuentra en poder de la Fiscalía y la Corte Suprema, se narra que recibió cerca de 40 millones de parte de terceros emisarios del abogado Cadena para efectuar el pago por el testimonio de Enrique Vélez.
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Diosa Londoño aseguró en su declaración que la suma pactada de 200 millones no pudo ser entregada porque el proceso se frenó después de que el periodista Daniel Coronell empezara a revelar partes del caso.
El testimonio de Carlos Enrique Vélez fue uno de los que adjuntó la defensa de Álvaro Uribe en el caso. Luego de cuestionarse la veracidad o la alteración de ese testimonio el testigo fue calificado como falso.
