El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a las alertas por amenazas contra campañas presidenciales y aseguró que el Gobierno mantiene comunicación con autoridades de seguridad. El tema vuelve al centro de la agenda tras denuncias recientes y advertencias sobre riesgos electorales en varias regiones del país.
Seguridad electoral en el centro del debate
El Ministerio del Interior volvió a quedar bajo presión por las garantías de seguridad en la campaña presidencial de 2026. Armando Benedetti afirmó que ha mantenido comunicación directa con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares para atender denuncias de amenazas y proteger a candidatos y equipos políticos.
Aunque el pronunciamiento se dio tras las denuncias del movimiento Defensores de la Patria, que lidera Abelardo de la Espriella, el asunto supera a una sola campaña. En la recta final hacia la primera vuelta presidencial, las alertas apuntan a un problema más amplio: la capacidad del Estado para garantizar que aspirantes, equipos regionales, testigos, votantes y organizaciones políticas puedan participar sin intimidaciones.
Benedetti aseguró que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes y que la protección se ha gestionado bajo el mismo criterio aplicado a los demás candidatos presidenciales. La respuesta oficial llega en un contexto de tensión por denuncias de amenazas, asesinatos de integrantes de campañas y advertencias institucionales sobre el deterioro del orden público.
Uno de los hechos que elevó la preocupación fue el asesinato de Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona, integrantes de la campaña de De la Espriella en el Meta. Según la información conocida, ambos fueron atacados cuando se movilizaban en medio de actividades relacionadas con la campaña en esa región.
Alertas del CNE y la MOE
La preocupación por la seguridad no viene solo de las campañas. Una carta enviada al ministro Benedetti por el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, advirtió que el deterioro del orden público podría afectar tanto a candidatos como a votantes en distintas zonas del país. El documento pidió acciones urgentes ante amenazas, violencia y riesgos electorales.
La Misión de Observación Electoral también había señalado riesgos para las elecciones nacionales de 2026. En su mapa de riesgo electoral, la organización identificó 170 municipios con algún nivel de riesgo por coincidencia de factores de fraude y violencia; de ellos, 81 fueron clasificados en riesgo extremo. Las zonas críticas incluyen Arauca, el Nordeste Antioqueño, el sur de Bolívar, el andén Pacífico, el norte del Cauca, el Suroriente colombiano y el medio y bajo Putumayo.
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El CNE también ha señalado la necesidad de fortalecer los Comités de Garantías Electorales, espacios donde partidos y campañas pueden advertir riesgos y solicitar medidas de protección. Para las autoridades electorales, la falta de reacción oportuna puede afectar la confianza en el proceso y limitar el ejercicio de los derechos políticos.
Por ahora, el Gobierno deberá sostener la coordinación entre Interior, Defensa, Policía y Fuerzas Militares, mientras avanzan las investigaciones por las amenazas y ataques reportados. En los próximos días, el punto clave será si esas medidas logran traducirse en garantías concretas para todas las campañas antes de la jornada presidencial.
