Colombia aún no sale de la conmoción generada por las marchas del jueves 8 de febrero que, en medio de un clamor por justicia y la pronta elección de la próxima fiscal general de la nación, se derivaron en algunos bloqueos en el Palacio de Justicia, impidiendo la movilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, responsables de dicha votación.
Frente a dichas movilizaciones, en las que además se presentaron algunos enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, el alto tribunal se pronunció y por medio de un comunicado rechazó el bloqueo, de al menos tres horas, al interior del Palacio ubicado en pleno centro de Bogotá.
“La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República. Situación que además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”, manifestó la Corte por medio de un comunicado de prensa.
Los momentos más tensos de las movilizaciones se dieron después de que el presidente de dicha corporación, el magistrado Gersón Chaverra, anunciara que no hubo consenso en la elección del reemplazo del Fiscal Francisco Barbosa, quien finaliza formalmente su gestión el próximo 12 de febrero.
“La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de derecho como el colombiano, la función colombiana solo está sometida al imperio de la ley”, refirió la Corte Suprema de Justicia, respondiendo con firmeza a quienes quisieron hacer de las manifestaciones una presión para el organismo, que deberá escoger de la terna enviada por el presidente Petro, a quien encabezará a la Fiscalía General de la Nación próximamente.
