Camilo Romero, el exprecandidato presidencial que participó en las elecciones del pasado domingo 13 de marzo como uno de los opcionados para la lista de la coalición del Pacto histórico será investigado por la Procuraduría, informó la entidad este martes.
Dos días después de las elecciones legislativas y las votaciones para las consultas interpartidistas se conocen las investigaciones por las que fue llamado a juicio disciplinario Romero.
La Procuradora General realizó la solicitud en la que el exgobernador de Nariño tendrá que rendir testimonio frente a las presuntas irregularidades en la venta de 80.000 cajas de aguardiente en Nariño. La supuesta venta se habría dado a una empresa distribuidora del departamento.
Según la investigación interpuesta, en el 2016 en ausencia del entonces gobernador de Nariño, el secretario de Hacienda quien fue delegado como gobernador encargado en su momento habría fijado precios y escalas de venta del Aguardiente Nariño Tradicional y Aguardiente Nariño sin Azúcar, con lo que habría realizado la autorización de compraventa de los licores con la Organización de Licores de Nariño.
El caso se inició en el 2017 cuando la entidad recibió una queja ciudadana donde se presumen irregularidades en el proceso de compra del licor. Luego de que la autoridad competente evaluó la situación en el 2018 el Ministerio Público decidió abrir una investigación disciplinaria.
“Los hechos investigados se relacionan con la promulgación, estudio y aprobación del convenio para otorgar la venta y distribución de aguardiente en el departamento a la Organización de Licores de Nariño, contrato que fue autorizado por el Comité de Crédito de la Gobernación el 25 de agosto de 2016”, comunicó la Procuraduría en 2018.
Desde la fecha de apertura del caso, este se mantuvo abierto pero solo hasta el 11 de marzo del 2022 la Procuraduría decidió formular cargos a Romero. Esto va acompañado de un llamado a una audiencia pública ya que según la entidad investigativa, el excandidato habría omitido someter a escrutinio el actuar de los funcionarios bajo su función como gobernador de Nariño.
Por otra parte la autoridad que lleva el caso aseguró que la polémica jugada del secretario presuntamente tuvo repercusiones en las finanzas del departamento.
