En medio de los recientes enfrentamientos entre el Gobierno Nacional y el Congreso, el presidente Gustavo Petro ha decidido convocar una consulta popular para someter a la opinión de los colombianos las reformas planteadas, especialmente en torno a la reforma laboral.
Esta medida, aunque bien recibida por algunos sectores por su enfoque democrático, ha generado inquietudes sobre sus implicaciones económicas.
Según declaraciones de Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el costo de la consulta popular podría ascender a alrededor de 600 mil millones de pesos.
Esta cifra, aunque preliminar, se basa en el análisis de factores como la inflación y el aumento en el censo electoral de los últimos años. Prada, en una entrevista para el programa 6AM, subrayó que este monto es un estimado, comparado con la consulta anticorrupción de 2018, que tuvo un costo de aproximadamente 350 mil millones de pesos.
¿Por qué el costo será tan alto?
El presidente del CNE explicó en medio de una entrevista con Caracol Rado que, debido al crecimiento del censo electoral, que ha aumentado en 5 millones de personas en los últimos siete años, y a la inflación del 5,2% en el último período, el costo de la consulta sería proporcional al de la consulta anticorrupción.
“La democracia cuesta, y creo que es importante estimularla, debemos utilizar estos recursos de mejor manera”, afirmó Prada, al tiempo que cuestionó al Gobierno por reducir el presupuesto del CNE en más de un 50%, lo que podría dificultar la realización de la consulta en óptimas condiciones.
Este alto costo de la consulta genera preocupación sobre el impacto económico que tendría en las finanzas del país, sobre todo cuando se tiene en cuenta que, según Prada, el presupuesto del CNE ha sido severamente recortado, lo que podría poner en riesgo la correcta organización de los comicios y la garantía de una votación transparente.
¿Cuándo se llevará a cabo la consulta popular?
El proceso de implementación de la consulta popular no es inmediato. Prada detalló que para que la consulta sea convocada, el Gobierno debe enviar los datos que contendrá el decreto correspondiente. Este decreto debe ser aprobado por el Senado de la República, un proceso que puede tomar hasta 30 días entre análisis, discusión y aprobación. Una vez aprobado, el Gobierno tendría 4 meses para convocar las elecciones.
Por lo tanto, si se cumplen todos los plazos establecidos, la consulta popular podría celebrarse en el segundo semestre de este año, lo que brindaría a los ciudadanos una oportunidad de influir directamente sobre las reformas propuestas por el Gobierno Petro. La consulta es vista por muchos como una herramienta fundamental de participación ciudadana, tal como lo establece el artículo 103 de la Constitución colombiana.
La importancia de la consulta popular
La consulta popular es un mecanismo contemplado en la Constitución para fomentar la participación democrática de los ciudadanos. Si bien algunos sectores la consideran un paso positivo hacia una mayor implicación de la población en decisiones clave, otros cuestionan su costo y la efectividad de su implementación, sobre todo en un contexto económico complicado.
Prada reiteró que es necesario estimular y desarrollar estos mecanismos democráticos, pero también destacó la importancia de garantizar que los recursos destinados a las elecciones sean bien utilizados. "La democracia es costosa, pero es fundamental para el bienestar del país", aseguró.
