
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (1986–2025) provocó una enérgica condena y la exigencia de acciones judiciales en todos los niveles.
Su equipo de defensa lo calificó como un magnicidio y crimen de lesa humanidad, reclamando que las investigaciones sean exhaustivas y que el caso no prescriba hasta que todos los responsables enfrenten la justicia.
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La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representaba al legislador, recordó que Uribe dedicó su vida al servicio público con integridad, valentía y una firme defensa de la democracia y el Estado de derecho. Para sus abogados, su muerte representa “una pérdida irreparable para su familia, sus colegas y todos los colombianos que creemos en la institucionalidad”.
El comunicado exige que tanto los autores materiales como los determinadores, instigadores al odio, encubridores y quienes desoyeron las solicitudes de protección del senador enfrenten todo el peso de la ley. También anuncia que se activarán todos los mecanismos jurídicos disponibles, desde el derecho interno hasta el derecho penal internacional, para garantizar verdad, justicia y reparación integral.
Finalmente, el equipo jurídico expresó su solidaridad con la familia del senador y con todos los colombianos que comparten el dolor e indignación por el crimen, afirmando que su legado “permanecerá vivo en la memoria de la Nación”.