El presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, aseguró este martes que los "falsos positivos", como se conoce en Colombia a las ejecuciones de civiles por militares, fueron un "comportamiento corporativo persistente" y que lo ocurrido con las miles de víctimas fue una "monstruosidad".
"Si hubieran sido 10 sería gravísimo, si hubieran sido 100 hubiera sería para exigir el cambio de un Ejército. Fueron miles y es una monstruosidad (...) Se trataba de un comportamiento corporativo persistente", expresó De Roux al presentar el informe de esa comisión, creada por el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016.
En Colombia se conoce como "falsos positivos" el asesinato de civiles inocentes a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate para obtener así beneficios o ascensos.
En la mayoría de los casos las víctimas fueron jóvenes de bajos recursos que eran reclutados con falsas promesas de empleo, muchos de ellos en la localidad de Soacha, aledaña a Bogotá, desde donde eran llevados con engaños a Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, donde los asesinaban.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha encontrado evidencia concreta de 6.402 casos de ejecuciones en 31 de los 32 departamentos de Colombia, la mayoría de ellas entre 2002 y 2008 durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
"Los falsos positivos fue el nombre que le dieron las mamás (...) y las hermanas y hermanos a los jóvenes asesinados por miembros del Ejército, donde todo fue falso, la oferta de trabajo, el combate fingido, las botas de guerrillero que les pusieron, el dictamen de la Fiscalía como muertos en combate y la decisión de la Justicia Militar para encubrirlos", expresó el jesuita De Roux.
En su segundo discurso durante la presentación del informe, De Roux afirmó que "no había una ley, un ordenamiento escrito que lo mandara, pero el sentir de los soldados que disparaban era estar haciendo lo que la institución quería, por los incentivos y presiones, que demandaban resultados de cadáveres, la publicidad sobre los que habían sido dados de bajas y la protección a los perpetradores".
"Desde que empezaron a incrementarse en el 2001 hubo denuncias nacionales e internacionales. Se podía detener, como lo hicieron los subordinados que se negaron a disparar; se podía condenar, como lo hicieron los dos jueces que tuvieron que salir al exilio", añadió.
Sin embargo, De Roux aseguró que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue testigo de "la lucha para cambiar los comportamientos de los altos mandos que podían dar lugar a los hechos que realmente estaban ocurriendo".
"Estos esfuerzos dieron lugar a la investigación y a la expulsión de los militares. ¿Por qué no lo hicieron antes cuando eran tantas las denuncias? De haberlo hecho se hubiesen evitado cientos de crímenes, más de mil familias de los asesinados a lo largo del país han puesto en el corazón de la Comisión el dolor y la indignación", dijo.
El presidente de la Comisión afirmó además que "soldados y comandantes han reconocido el crimen, pedido perdón" y por ello pide protección para "estos hombres arrepentidos y veraces".
"El daño causado por este crimen de Estado a la ética pública de la nación es inconmensurable y tiene un efecto devastador en los niños y jóvenes de Colombia", aseveró.
Finalmente, De Roux dijo que el expresidente Juan Manuel Santos, quien fue ministro de Defensa entre 2006 y 2008, hizo una contribución a la verdad en la que centró su discurso en los "falsos positivos", pidió "perdón a todas las familias y a Colombia, e invitó a las Fuerzas Militares a pedir perdón a la comunidad nacional e internacional".
