El día mundial contra la trata de personas fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que se conmemora cada 30 de julio con el fin de reflexionar sobre este flagelo al que las autoridades y gobiernos deben ponerle la lupa para prevenir y sancionar dichas prácticas que violan la integridad de las personas.
Varios factores actuales han sumado a esta problemática entre las que están la migración a causa de consecuencias de la pandemia y la situación económica y social de las naciones con lo que las circunstancias propician a que se mantenga un mayor riesgo para la trata de personas.
Un caso de esta práctica se conoció en Twitter, donde la magnitud del hecho llamó la atención de los internautas frente a la problemática y los retos que este flagelo representa para las autoridades.
El caso expuesto se trata de la historia de una mujer venezolana a quien una vecina le ofreció pagarle un pasaje para Colombia a ella y su familia teniendo en cuenta una oportunidad laboral en una cafetería.
Al llegar al país, la mujer se encontró con que la oferta laboral no era un una cafetería, sino que sería prostituida junto con sus hijas. Luego de ser atacada sexualmente por uno de los delincuentes escapó del sitio con las hijas.
La mujer tuvo que pasar varios días en la calle junto a su familia, la Policía les cuestionó sobre su situación asegurando que es una práctica común y que conocían al tratante.
Luego de días de suplicio la mujer se contactó con una organización para atender su situación de vulnerabilidad, sin embargo, no fue atendida, además, decidió denunciar ante la Fiscalía General de la Nación.
A pesar de su insistencia para denunciar, la entidad determinó que su caso o correspondía a un delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sino de inducción a la prostitución. Así mismo, la mujeres acudió a la Secretaría de Gobierno con el propósito de activar la ruta de protección y asistencia para la atención de víctimas de trata, pero se le informó que su caso no era posible.
Tras los impedimentos, toda la familia decidió volver a Venezuela, sin embargo, allí empezó a recibir amenazas de muerte por lo que volvió a Colombia pero las situaciones de hostigamiento se mantuvieron.
En 2020 la Corte Constitucional dio medidas provisionales de protección para la familia, sin embargo, no recibió respuesta de las autoridades. Con esto, la entidad dictaminó estrategias para la lucha contra la trata de personas dirigidas a las autoridades.
