Nueve contratistas al servicio de la Gobernación del Cauca, entre ellos siete mujeres y dos hombres, fueron secuestrados este miércoles 17 de julio por integrantes de las disidencias de las Farc, comandadas por alias “Iván Mordisco”. El grupo armado ilegal los retuvo mientras ejecutaban labores sociales en zonas rurales y apartadas del municipio de López de Micay.
Según la administración departamental, los trabajadores no eran funcionarios públicos ni realizaban tareas de carácter militar u operativo. Se trataba de personal civil contratado para implementar programas comunitarios y de desarrollo social, con el objetivo de llevar atención institucional a poblaciones vulnerables del suroccidente colombiano.
La Gobernación del Cauca confirmó que los secuestrados pertenecen a familias de la región, algunos incluso comparten vínculos familiares directos, como padres, hijos y hermanos. “Solo buscaban servir a las comunidades”, señaló un comunicado oficial, en el que se calificó el hecho como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.
Aunque las disidencias alegan que los trabajadores estaban instalando “equipos militares”, el gobierno departamental desmintió esas acusaciones y exigió su liberación inmediata, al tiempo que alertaron sobre la extrema vulnerabilidad en la que operan los contratistas civiles del Estado en territorios dominados por grupos armados.
Un video que circula entre fuentes locales muestra a uno de los secuestrados pidiendo ser tratado con respeto y clamando por su liberación con vida, lo que ha incrementado la presión sobre las autoridades nacionales para intervenir rápidamente.
La Defensoría del Pueblo y organizaciones humanitarias anunciaron que están conformando una comisión para facilitar el regreso seguro de los nueve ciudadanos. Mientras tanto, la situación refuerza el llamado a una mayor presencia institucional en el Cauca y reabre el debate sobre las garantías mínimas de seguridad para quienes trabajan por el bienestar de las comunidades más olvidadas del país.
FARC
¿Cómo fue el secuestro de estos contratistas?
Además, Radionacional cita a autoridades regionales confirmando el secuestro y añadiendo que los contratistas estaban realizando labores en la parcialidad de Micay. El reporte destaca que las disidencias utilizan estas capturas como forma de presión para forzar negociaciones o presionar al Estado, lo que reafirma su poder sobre territorios rurales del Cauca.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado de manera oficial sobre el caso, aunque se espera que se activen mecanismos diplomáticos y de inteligencia para garantizar el retorno de las personas en condición de secuestradas. Voces locales han llamado a activar protocolos del Gaula y avanzar en un rescate seguro sin exponer a las víctimas a mayores riesgos.
El contexto en que se produce este episodio es complejo. Las disidencias de las FARC, catalogadas como Grupos Armados Organizados Residuales, continúan operando en zonas como Cauca, ejerciendo control territorial mediante la violencia, el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. La retención de civiles vinculados a labores administrativas evidencia cómo estos grupos apuntan a desestabilizar las funciones estatales y amedrentar a quienes trabajan para el Estado.
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Frente a los hechos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales han reclamado al Gobierno mayor protección para los contratistas y funcionarios que laboran en zonas sensibles. Reclaman además presencia institucional real en territorios donde el Estado parece débil frente al armado y a la intimidación.
