El equipo de empalme del entrante gobierno de Gustavo Petro, presentó este lunes el informe final de este proceso, en cual destacó principalmente el trabajo del Ministerio de Interior, dada su importancia para los objetivos de protección a los liderazgos sociales y ambientales. Una tarea en la que trabajará de la mano con el sector Defensa para desarrollar un “plan de emergencia para la protección a la vida de los líderes sociales”.
De acuerdo con lo presentado, el balance actual del Ministerio del interior frente a algunos temas clave como la implementación del Acuerdo de paz es cuestionable. Por ejemplo, según señaló el equipo liderado por Alfonso Prada, de 49 indicadores que tienen que ver con este proceso, solo se estaría cumpliendo con un 35.6%.
Esto, entre otras cosas, estaría generando graves afectaciones a las víctimas del conflicto armado en Colombia, agravadas por el recrudecimiento de la violencia en diferentes regiones del país. Un hecho que, a su vez, sugiere condiciones problemáticas para el ejercicio de la defensa social y ambiental.
En ese sentido, el equipo de empalme de Interior señaló que uno de los objetivos primordiales será: “Preservar la vida y seguridad de líderes a través de la implementación de medidas de protección individuales y/o colectivas de las poblaciones objeto de prevención y protección con enfoques diferenciales”.
Para ello, se proponen varias tácticas, siendo prioritarias la implementación efectiva de los acuerdos de paz y el proceso de paz con el ELN. Otra, el cumplimiento de las ordenes judiciales en contra de la entidad, que serían en su gran mayoría por temas relacionados con la garantía de los derechos colectivas y la protección de líderes sociales.
Lo anterior, enmarcado también en la adopción por decreto del plan de emergencia para la protección de los liderazgos, defensores de derechos humanos, firmantes de los acuerdos de paz y comunidades afectadas por la crisis humanitaria.
Además, el futuro MinInterior, que por ahora sigue sin cabeza visible, apoyará toda política pública enfocada en la garantía de derechos fundamentales, tales como la creación del Ministerio de Igualdad, el Acuerdo de Escazú, la prohibición del fracking, la ley contra el hambre, políticas que contribuyan al vacío normativo frente a la comunidad LGBTI. entre otros.
Reforma a la Unidad Nacional de Protección
El enfoque de los liderazgos sociales incluye, de paso, una reforma a la Unidad Nacional de Protección, que en principio se buscaría que tenga un enfoque más hacia la prevención. De hecho, se contempla su cambio de nombre a Unidad Nacional de Prevención y Protección.
Lo anterior, entre otras cosas, parte de la problemática evidenciada en el empalme sobre la “ineficiencia en las solicitudes de protección”, desde las etapas tempranas de evaluación, hasta la implementación con protección efectiva para los solicitantes.
Una labor que, según el equipo de empalme, tiene serias carencias como la falta de vehículos y agentes para los esquemas de protección o la tercerización de una gran parte del importante servicio. Sin contar con una problemática transversal que es el hecho de que la evaluación de riesgo esté en manos del sector defensa y no del ámbito civil.
