La organización Transparencia por Colombia y el centro de estudios Dejusticia, le pidieron al Fiscal General Francisco Barbosa que se declare impedido y se aparte de la supervisión de la investigación por las denuncias de supuestos delitos electorales cometidos en el marco de la campaña presidencial de Iván Duque.
Las organizaciones argumentan que la relación personal y profesional que ha existido entre el presidente y el fiscal general configuran un conflicto de interés que recae sobre, por lo que el 16 de marzo ya habían realizado la misma petición y le pidieron a la Corte Suprema que nombrara a un fiscal 'ad hoc' para llevar el proceso de forma imparcial y autónoma.
En ese entonces la oficina de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía respondió que, según el Código de Procedimiento Penal, los impedimentos y recusaciones se predican únicamente a procesos en curso, y que estos trámites solo se pueden adelantar sobre el fiscal en concreto que lleve el proceso, y no sobre el Fiscal General de la Nación.
Esta negativa del ente de control fue la que llevó, por segunda vez, a Transparencia por Colombia y Dejusticia a pedirle a Barbosa que se aparte del caso, pues, aseguran que la respuesta que la Fiscalía no tuvo en cuenta dos puntos.
El primero es que "no es cierto que los conflictos de interés se deban relevar solo en casos concretos, ni que los únicos mecanismos para tramitarlos sean los impedimentos y recusaciones", porque existe esta situación se genera “cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña”.
Por esta razón, aseguran que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) reconoce que se puede tener en cuenta la existencia de un conflicto de interés aparente y futuro.
"De hecho, es explícita refiriéndose a casos, como cuando un funcionario público tiene una amistad entrañable con una persona determinada que en un futuro podría llegar a verse involucrada en las responsabilidades oficiales de este servidor", adhieren.
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El segundo punto al que se refieren es que, aunque los fiscales delegados tengan cierta autonomía, es el Fiscal General de la Nación quien tiene la facultad de nombrarlos o removerlos de su cargo, por lo que "es de suma importancia que éste transparente sus conflictos potenciales y aparentes de interés".
Bajo estos ejes, las organizaciones le piden a Francisco Barbosa que se aparte de la supervisión de los fiscales que tramitan estas investigaciones, que no asuma directamente el conocimiento de ninguna de estas e inicie el proceso de designación de un(a) Fiscal General de la Nación ad hoc que con autonomía e imparcialidad lidere las investigaciones de los supuestos delitos electorales cometidos.
