El fallecimiento de Kevin Acosta, ocurrido el 13 de febrero, abrió un nuevo frente de controversia sobre el funcionamiento del sistema de salud en Colombia. El menor, diagnosticado con hemofilia, estuvo dos meses sin recibir el tratamiento que debía aplicarse cada 21 días para prevenir hemorragias, un hecho que ahora es investigado por la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la información conocida, Kevin no accedía al fármaco desde diciembre, pese a que se trataba de un medicamento esencial para evitar episodios de sangrado. La indagación busca establecer si existieron omisiones de funcionarios del sistema de salud, particularmente por la presunta negativa o demora de la Nueva EPS en suministrar el tratamiento.
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El caso se convirtió en un símbolo de la crisis financiera de las EPS, varias de ellas intervenidas por el Gobierno, y del impacto que estas dificultades pueden tener en pacientes con enfermedades crónicas o huérfanas.
La polémica aumentó tras una alocución del 16 de febrero, en la que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, atribuyeron inicialmente la muerte del menor a un accidente en bicicleta que, según dijeron, debía haber sido prevenido por su madre.
Posteriormente, indicaron que la familia no habría autorizado una cirugía en la cabeza para tratar una hemorragia derivada del golpe. No obstante, en esas declaraciones no se hizo referencia a que el niño llevaba dos meses sin recibir el medicamento preventivo que requería periódicamente.
Procuraduría exige explicaciones
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud información sobre el plan de trabajo para lograr el cierre, certificación y aprobación de los estados financieros de la Nueva EPS correspondientes a 2023 y 2024.
El Ministerio Público pidió detalles sobre la legalización de anticipos, proveedores de servicios, tecnologías en salud, procesamiento y auditoría de cuentas médicas, así como la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica. La Superintendencia dispone de cinco días hábiles para entregar soportes sobre las medidas adoptadas frente al giro de recursos y otros procesos administrativos.
Posibles consecuencias penales y disciplinarias
Expertos en derecho penal consultados advierten que el caso podría derivar en responsabilidades penales y disciplinarias. El penalista Fabio Humar señaló que la no entrega oportuna de un medicamento vital podría constituir un delito omisivo, e incluso dar lugar a una investigación por homicidio por omisión.
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En la misma línea, el abogado Saúl León explicó que funcionarios con deberes de inspección, vigilancia o gestión directa del acceso al tratamiento podrían enfrentar sanciones si se comprueba una omisión en el ejercicio de sus funciones.
Las autoridades deberán establecer si entidades como la Superintendencia de Salud o el Ministerio de Salud conocían la situación y no actuaron dentro de sus competencias. Entretanto, el caso de Kevin Acosta reaviva el debate sobre la garantía efectiva del derecho a la salud en el país.
