La Fiscalía General de la Nación anunció un avance clave en la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá, al confirmar la expedición de siete órdenes de captura contra presuntos responsables.
De acuerdo con el ente acusador, las órdenes están dirigidas contra integrantes del denominado estado mayor de la ‘Segunda Marquetalia’, una de las principales disidencias de las Farc, así como contra quien sería el articulador central del crimen.
Entre los señalados se encuentran Kendry Téllez Álvarez, Iván Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez'; Géner García Molina, alias 'Jhon 40'; Alberto Cruz Lobo, alias 'Enrique Maruland'a; Jhon Jairo Bedoya Arias, alias 'Rusbel' o 'Rumba'; Diógenes Medina Hernández, alias 'Gonzalo o Chalo'; y José Aldinever Sierra Sabogal, alias 'Zarco Aldinever'.
A estas personas se les atribuyen delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. Según la Fiscalía, el crimen no fue un hecho aislado, sino el resultado de una operación criminal estructurada que articuló una red delictiva urbana con un grupo armado organizado residual.
- Le puede interesar: “Lo hostigó”: fuerte señalamiento de Miguel Uribe Londoño contra Paloma Valencia
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que el asesinato fue planeado con antelación y ejecutado con apoyo logístico y financiero desde diferentes niveles de la organización. En ese sentido, indicó que Kendry Téllez Álvarez sería el principal determinador del homicidio, encargado de la planeación, coordinación y financiación del atentado.
Las investigaciones establecieron que Téllez habría contactado a Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', a comienzos de 2025, quien a su vez habría sido puesto en contacto con alias ‘Zarco’ en una reunión realizada en zona de frontera con Venezuela. En ese encuentro se habría definido como objetivo al senador Uribe Turbay, por cuya muerte se ofreció una suma de 1.000 millones de pesos.
Según la Fiscalía, la orden criminal obedecería a intereses político-instrumentales, con el propósito de generar un impacto en la democracia y en los procesos políticos del país. En esa línea, la entidad concluyó que el asesinato cumple con los criterios para ser considerado un magnicidio.
Tras nueve meses de investigaciones, que incluyeron trabajo articulado con la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), las autoridades han logrado judicializar a nueve personas vinculadas al caso. Todas se encuentran privadas de la libertad por su presunta participación en diferentes fases del crimen.
Tres de los implicados ya fueron condenados mediante preacuerdos con la Fiscalía. Entre ellos, Simeón Pérez Marroquín, quien actuó como enlace entre los autores intelectuales y los ejecutores, fue sentenciado a 22 años y cuatro meses de prisión. También fueron condenados Carlos Mora González, a 21 años, por labores de vigilancia y transporte; y Katherine Andrea Martínez Martínez, a 21 años y dos meses, por su participación en la planeación y en la recolección del arma utilizada.
En cuanto al autor material del ataque, un adolescente de 15 años, fue sancionado bajo los lineamientos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Con estas nuevas órdenes de captura, la Fiscalía busca avanzar en la judicialización de los máximos responsables de un crimen que marcó el panorama político del país y cuya investigación entra en su fase final.
